La nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno boliviano, cien días después de que Evo Morales accediera a la presidencia, mereció ayer el reproche mayoritario de la comunidad internacional, en particular de los países afectados, ante un decisión que, aunque previsible, se adoptó sin ninguna comunicación previa y que añade nuevas incertidumbres al convulso mercado energético mundial. Una medida que ha encontrado la reacción de las compañías concernidas que, aunque cautelosas, han confirmado su gran y negativo impacto. Las multinacionales, inquietas con el acoso al que estaban siendo sometidas -los dos ejecutivos principales de la filial de Repsol-YPF en el país fueron detenidos, acusados de contrabando-, sondeaban ya alternativas capaces de compatibilizar el programa electoral de Morales y su partido con la prosecución de sus trabajos de operadores en Bolivia, especialmente a través de la creación de empresas mixtas.

Los seis meses que han empezado a contar para reordenar el sector y redefinir el papel de las compañías permitirán saber, definitivamente, a qué atenerse, aunque es evidente que Bolivia comienza a transitar por la misma senda que en su momento tomó Venezuela. Evo Morales ha preferido oír los consejos de sus nuevos socios comerciales, Fidel Castro y Hugo Chávez, y olvidarse de las recomendaciones de los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Argentina, Néstor Kirchner, muy duchos en el trato con las multinacionales, indispensables para las labores de explotación, mantenimiento, formación técnica y comercialización de sus ricos recursos naturales. Si en Bolivia se pone en riesgo la seguridad jurídica de las empresas y sus intereses, se estarán dilapidando un flujo inversor y una fuente de crecimiento indispensables para el desarrollo del país.

El Gobierno español ha reaccionado con firmeza ante la nacionalización, al citar al encargado de negocios de la Embajada boliviana y requerir una información precisa. A partir de ahora se va a escenificar un pulso entre las compañías y la Administración de Morales para renegociar los contratos. La presión del Ejecutivo de Zapatero y la advertencia de que si los intereses de las empresas españolas son perjudicados habrá serias consecuencias en las relaciones bilaterales serán un elemento importante en el desenlace de estas actualizaciones. Aunque, de momento, lo único cierto es que Evo Morales ha optado por un camino arriesgado y rupturista, bajo el pretexto de devolver al pueblo sus riquezas soberanas.