El Parlamento de Andalucía aprobó ayer con los votos del PSOE e Izquierda Unidad (67 de los 109) y el rechazo del Partido Popular y el Partido Andalucista la reforma del Estatuto de Autonomía que iniciará su tramitación en las Cortes Generales el 23 de mayo.

La votación cerró un larguísimo debate parlamentario que se prolongó durante más de nueve horas y dejó para el final el Preámbulo, uno de los puntos más polémicos, y el Título Preliminar. El Preámbulo sostiene que la Constitución española, en su artículo 2, «reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad», mientras que el Título Preliminar mantiene la definición de Andalucía como «nacionalidad histórica», al igual que el vigente Estatuto. Estos dos puntos fueron aprobados en solitario por el PSOE, ya que, en este caso, IU se suma a las tesis del PA y defiende el término «nación». El PP rechazó ambas definiciones y tampoco aceptó una enmienda ofertada por el PSOE que establecía que Andalucía «como nacionalidad histórica se constituye como comunidad dentro de la nación española».

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, resaltó que el texto reúne condiciones «suficientes» para obtener «el más amplio respaldo» de los partidos y se mostró convencido de que el Congreso «ajustará» la reforma a las necesidades del Estado. En el debate previo a la votación , Chaves defendió que el reconocimiento de esa autonomía como una «realidad nacional» en el preámbulo es la «reafirmación coherente y consecuente de la definición de Andalucía como nacionalidad» recogida en el Estatuto de 1981. En respuesta a los reproches del PP, enfatizó que «España no se va a romper y Andalucía menos» porque los andaluces se sienten «españoles de forma clara y rotunda».

Sobre el contenido de la reforma, el presidente de la Junta subrayó que se trata de una propuesta que aspira al máximo techo de autogobierno dentro de la Constitución española «sin pretensión de arrebatar nada a nadie». En este sentido, proclamó que los andaluces no quieren ser «más que nadie», pero tampoco «menos que nadie».

Chaves recordó que el dictamen del Consejo Consultivo avaló «plenamente» la constitucionalidad de la propuesta y despejó «cualquier duda sobre el desarrollo asimétrico del Estado». Ante la acusación del PP, que considera que el texto es una reforma encubierta de la Constitución, preguntó al partido de Javier Arenas si recogerá firmas por toda España contra el estatuto, como hizo con la reforma catalana.

Por su parte, el Grupo Popular consideró la aprobación del estatuto «la peor de las noticias» por la división política generada. «Vamos a pasar de un estatuto de todos a uno excluyente», auguró el portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz, quien criticó que se eliminara «por vergüenza» la referencia a la unidad de España y subrayó que «la peor manera de defender a Andalucía es querer ser antiespañol». La falta de consenso centró también las críticas de la portavoz del PA, Pilar González, quien reconoció que la reforma es «innovadora y avanzada» en algunos aspectos, pero dijo que «no culmina» ni «sienta las bases» de la igualdad entre los andaluces y el resto de los españoles.

Por el contrario, la portavoz parlamentaria de IU, Concha Caballero, destacó que el texto permitirá a los andaluces contar con un mayor autogobierno.

Nuevos derechos

El reconocimiento de nuevos derechos y deberes sociales es una de las novedades más destacadas del nuevo estatuto, que defiende la asunción de nuevas competencias estatales y el blindaje para impedir la injerencia de las leyes estatales.

El texto se homologa con el catalán a la hora de pedir el máximo techo competencial. Reclama competencias como puertos y aeropuertos, el servicio meteorológico, tráfico y seguridad vial, la cuenca del Guadalquivir o museos archivos y bibliotecas ubicados en la comunidad, hace referencia a la deuda histórica como fuente excepcional de financiación para garantizar los niveles mínimos, y reclama que la inversión del Estado sea equivalente a la población andaluza.

Además, se reconoce la modalidad lingüística andaluza, la regulación de una carta de derechos de los ciudadanos, la ampliación de la paridad a los órganos colegiados o consultivos de la Junta, el derecho a la muerte digna y a la libertad sexual.