La nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sacudido al sector energético y pondrá a prueba las privilegiadas relaciones entre el líder cocalero y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En un gesto que pretende evidenciar la gravedad de la situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó ayer al encargado de negocios de la embajada del país andino para transmitirle su «más profunda preocupación» por la medida y le advirtió sobre sus «consecuencias para las relaciones bilaterales» entre ambas naciones.

El Ejecutivo socialista se reunirá esta semana con responsables de las empresas afectadas -Repsol-YPF y, en menor medida, Iberdrola y Red Eléctrica- para analizar el impacto de la norma, según anunció la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La Administración les ofrecerá apoyo diplomático para la defensa de sus intereses y se brindará a realizar gestiones que favorezcan su permanencia en Bolivia.

El decreto otorga al Estado el control absoluto de los hidrocarburos gas en el país; y abre la puerta para la confiscación de las acciones de las filiales de multinacionales que operan en él, de forma que la sociedad pública YPFB controle al menos el 51% de su capital. Esa firma se encargará de la comercialización de los recursos y se hará con el 82% de la producción de los campos de compañías extranjeras que superaron los 100 millones de metros cúbicos diarios de gas el pasado año. Con los ingresos procedentes del 18% restante tienen margen suficiente para rentabilizar sus inversiones, según Morales. Los grupos que no regularicen su situación en seis meses deberán abandonar Bolivia.

Pese a la postura inflexible mantenida por el régimen de La Paz, el Gobierno español espera en que el «diálogo y la negociación» permita alcanzar «una solución satisfactoria para las partes», según explicó Exteriores. El ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos expresó ayer al encargado de negocios del país andino en Madrid, Álvaro del Pozo, su preocupación tanto por el contenido del decreto como por por «las formas que han rodeado su adopción».

Inseguridad jurídica

El ministro de Industria, José Montilla, trasladará esta semana a las empresas afectadas la posición del Ejecutivo socialista, que pasa por defender sus garantías jurídicas en Bolivia y, al mismo tiempo, «ser respetuosos» con las decisiones de ese país. «Conviene recordar que hay más inversiones españolas» allí y tenemos que ser «prudentes», declaró a TV-3.

Fuentes gubernamentales reconocieron que en La Moncloa ha molestado que Morales no comunicara sus intenciones, aunque la nacionalización de los hidrocarburos era una de sus promesas electorales. Ello no fue óbice para que Montilla apuntara que decisiones como ésta generan «inseguridad jurídica y no incentivan las inversiones extranjeras», por lo que «no son buenas para los bolivianos». La embajada boliviana, que trasladó a La Paz las quejas del Gobierno, cree «probable» que en las próximas horas hablen por teléfono Morales y Zapatero.

El PP sostuvo que el decreto de Morales es «un varapalo» al jefe del Gobierno. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, emplazó al Ejecutivo a «reflexionar» sobre la «seriedad» de su política internacional, en alusión a sus privilegiadas relaciones con Morales o el venezolano Hugo Chávez, al tiempo que vaticinó que será «muy difícil» que las compañías inviertan en un país «cuando se le cambian las reglas de juego de una manera tan brutal». Izquierda Unida, por el contrario, respaldó la medida y pidió que «no se confundan los intereses de España con los de algunas empresas transnacionales».