La decisión de la Comisión Europea de suspender las conversaciones con Serbia para un acuerdo de asociación, tras constatar que Belgrado está lejos de colaborar en la entrega del criminal de guerra Ratko Mladic al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, refleja la determinación de Bruselas de exigir a quienes pretendan ser sus 'socios' el respeto a las normas más elementales del Estado de Derecho. Y que la fiscal general del TPI, Carla del Ponte, haya llegado a afirmar que se siente engañada por las autoridades serbias, que le aseguraron que arrestarían al ex general serbobosnio antes de finales de abril, no es lo que Europa esperaba de Serbia, diez años después de la guerra de los Balcanes.

Mladic, que se esconde en Serbia, fue uno de los responsables de la masacre de Srebrenica, en la que 8.000 bosnios musulmanes fueron ejecutados en 1995, y es también -junto a Radovan Karadzic- uno de los máximos exponentes de la locura nacionalista que condujo al desastre en el que derivó la desmembración de la extinta Yugoslavia. Su captura, como lo fue la de Milósevic y lo es la de Karadzic, es considerada por la UE como el gesto inexcusable de que Serbia ha superado aquella etapa. Por ello, la Comisión ha actuado en consecuencia, al igual que el viceprimer ministro serbio y negociador con la UE, Miroljub Labus, al anunciar su propia dimisión acusando a su Gobierno de traicionar los intereses de los ciudadanos. El ala más recalcitrante del Ejecutivo serbio se aleja de la UE, por incapacidad de romper con el reciente pasado o incluso porque, con la paralización de su acercamiento a Europa, Belgrado hace disminuir las posibilidades de otros pequeños Estados balcánicos, especialmente en lo que respecta al futuro de la todavía provincia serbia de Kosovo, cuya mayoría albanokosovar busca abiertamente y bajo los auspicios de la ONU abrir un proceso negociador que les lleve a la independencia.