El Gobierno vasco aboga de manera decidida por impulsar una política de «educación en la paz» para intentar «cancelar los sufrimientos» y declarar «responsabilidades en justicia sin azuzar ni la venganza ni el odio». Una consideración incorporada en el 'Plan de paz y convivencia' elaborado por el Ejecutivo autónomo, que ayer fue dado a conocer de forma íntegra después de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, presentase sus líneas básicas hace algo más de una semana tras la reunión mantenida por el consejo político que integran él mismo, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA); y el de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, (EB).

La propuesta elaborada por el Gobierno vasco, que remitió ayer a la comisión de Derechos Humanos del Parlamento autónomo para su debate, marca la posición del Gabinete Ibarretxe en materia de derechos humanos, convivencia y reconciliación, en un momento en el que se asegura que se ha abierto «un escenario de ilusión» en Euskadi.

En este contexto, el Ejecutivo autónomo realiza una encendida defensa de la «educación en la paz» como una «puerta a la esperanza» que «todos deberemos ir abriendo» para poder estar en situación de «cancelar los sufrimientos, restañar heridas y pedir responsabilidades «sin azuzar ni la venganza y el odio».

«Pedir perdón»

El plan también considera fundamental «interpretar críticamente los hechos y asumir la valentía de pedir perdón»; y en este sentido, dedica una parte sustancial a las víctimas. La iniciativa sostiene que «combatir el miedo, el olvido o la indiferencia» que han padecido los damnificados del terrorismo constituye una buena manera de iniciar el camino de la «reconciliación».

Un término que Ibarretxe eliminó del título del plan -lo sustituyó por el de «convivencia» tras ser criticado por las víctimas-, pero que sí está incluido en su interior. Así, la propuesta señala que a dicha reconciliación sólo se podrá llegar desde el «reconocimiento del daño causado por quienes lo ocasionaron». «El objetivo final de la reconciliación pasa por la aceptación y toma de conciencia de toda la multiplicidad de sufrimientos que han transitado nuestra historia», se afirma en el documento remitido al Parlamento vasco.

El texto, en el que también se hace referencia a las víctimas del franquismo, los presos o las torturas, aboga por la puesta en marcha de un «Observatorio Internacional que vele por la defensa y el respeto de todos los derechos humanos». La puesta en marcha de este organismo es una vieja pretensión del lehendakari Ibarretxe que, hasta la fecha, no se ha plasmado en nada concreto a pesar de que durante varios años le han sido asignadas partidas procedentes de los Presupuestos del País Vasco. Según el plan del Gobierno autónomo, este foro prestará «asesoramiento a los poderes públicos» y será «un instrumento clave para coordinar una política propia de derechos humanos en Euskadi».

El Ejecutivo vasco reconoce que, antes de que este observatorio se despliegue «en plenitud de funciones», habrá una «fase previa» en que se inicien «de forma parcial y progresiva» los diversos cometidos «que le son propios».