El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejó ayer en libertad sin cargos a Sandra Barrenetxea, sindicalista de LAB detenida por la Guardia Civil el pasado 24 de abril en Bilbao acusada de colaborar con ETA y formar parte de la red que en las últimas semanas ha tratado de recaudar fondos para la banda mediante la venta de bonos con sello de la propia organización terrorista. El magistrado ha decidido no aplicar ninguna clase de medida cautelar contra ella después de que compareciese en el Juzgado Central de Instrucción número 1. Barrenetxea sólo deberá comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio que tenga pensado efectuar.

El magistrado instructor considera que no existen indicios criminales suficientes para mantener a la joven en prisión provisional, donde permanecía desde el pasado jueves por orden del también juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ante quien Barrenetxea se negó a declarar, al igual que antes había hecho con la Guardia Civil. El mismo jueves Ismael Moreno se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción número 1, a cargo de Santiago Pedraz, quien coordina la investigación de esta causa desde la detención por la Guardia Civil de Ibon Meñika el pasado 18 de abril en un control de carretera en la localidad de Abadiño.

El ex dirigente de Jarrai, que en una de sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil habría implicado a Barrenetxea, portaba en el interior de su automóvil noventa bonos con sello y anagrama de ETA, por valor de 60 euros cada uno. El juez Pedraz envió a prisión a Meñika el pasado 22 de abril por un delito de colaboración con banda armada.

Herriko de Zamudio

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska se pronunciará hoy sobre la petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, personadas como acusaciones populares en la causa contra Batasuna, para que ordene la clausura de la herriko taberna de Zamudio por su presunta vinculación con los bonos de aportaciones de apoyo a ETA.

El fiscal Juan Moral, adscrito a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, no ha solicitado la adopción de ninguna medida contra el local de Zamudio, el presunto destino de los bonos intervenidos en el coche particular de Ibon Meñika.

Los bonos están destinados a simpatizantes de la izquierda abertzale y marcan un cambio de estrategia por parte de la banda para autofinanciarse sin tener que recurrir a la extorsión a empresarios.