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¿SE PUEDE SABER POR QUÉ?
VIVIENDA
 Raúl Luar
Quisiera plantear algunas dudas que tengo desde hace tiempo sobre las viviendas municipales que existen en Bilbao y que gestiona el organismo que preside la concejal de Urbanismo Julia Madrazo. ¿Cómo es posible que haya personas cuyos ingresos superan el límite establecido por la entidad Viviendas Municipales para solicitar un piso protegido y tienen la oportunidad de hacerse con uno? No me lo explico. Otra de las dudas que me asalta es un fenómeno cada vez más preocupante: ¿por qué hay pisos municipales que llevan vacíos al menos seis meses o que están ocupadas por familiares del titular y no por él? No lo pregunto a la ligera, sino con conocimiento de causa. Puedo asegurar que esto que relato está ocurriendo con los pisos protegidos que hay en Torre Madariaga. ¿Hay alguien que me pueda ofrecer una explicación al respecto?
Responde: Organismo de Viviendas Municipales.
El límite de ingresos para acceder a una vivienda pública del parque municipal coincide con el requisito establecido por el Gobierno Vasco, y se fija, en números redondos, en 34.000 euros -es decir, lo que equivale a seis veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM (indicador que sustituyó en 2004 al popular salario mínimo interprofesional o SMI para este tipo de asuntos)-. Antes, ocurría que para los supuestos de renovación de contratos o peticiones de titularidad (no para acceder a dichas viviendas), el limite era sensiblemente superior. No obstante, en el último Consejo de Viviendas Municipales, que se celebró en el mes de abril, se ha modificado este criterio y se ha aprobado por unanimidad el nuevo Reglamento General. Dicha normativa equipara dicho límite en ambos casos: para acceder a un hogar y para permanecer en él a través del proceso de renovación. En cuanto a la existencia de pisos vacíos o situaciones de ocupación irregular, lo cierto es que en algún supuesto podría deberse a que el inmueble no sea ya de titularidad municipal por haber sido vendido a quien fuera inquilino. Salvando dicha particularidad, los casos que refiere Raúl Luar son objeto de actuación por medio de la inspección y posterior reclamación judicial, en resolución de contrato y recuperación de la posesión. De todos modos, cualquier ciudadano puede poner en nuestro conocimiento hechos fraudulentos.
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