El PNV y las tres diputaciones vascas denunciaron ayer que el proyecto de Ley de Dependencia invade las competencias forales y se desmarcaron del acuerdo firmado por el consejero Madrazo y el ministro Caldera, en virtud del cual las prestaciones para las personas impedidas se descontarán del Cupo. «El acuerdo lo suscribió el departamento de Madrazo, pero no el Gobierno vasco. Los compromisos del tripartito se rigen por unos protocolos», aseguró el diputado peneuvista Emilio Olabarria.

Los nacionalistas expresaron sus discrepancias en el Congreso, adonde acudió Caldera para explicar el proyecto de ley, una vez que fue aprobado por el Ejecutivo de Zapatero el pasado 21 de abril. Olabarria recordó al ministro que el Gobierno vasco no ha convalidado ese texto, «como se ha querido afirmar», y le acusó de convertir competencias exclusivas de Euskadi en competencias compartidas. «Y lo que es más grave, el ministerio ha ignorado a las diputaciones en las negociaciones de esta futura ley», dijo Olabarria.

El representante peneuvista declaró a EL CORREO que su grupo votará contra la Ley de Dependencia si se mantiene en sus actuales términos. «Habla de un derecho subjetivo que queda huérfano de enganche constitucional», explicó. El PNV considera que ese derecho no será universal porque la futura ley «no abarca a todos los colectivos de personas impedidas». Tampoco cree que pueda considerarse gratuito, puesto que se implanta el copago. Y, además, duda de que vayan a quedar garantizadas las mismas prestaciones en toda España, porque el Ejecutivo puede desarrollar un sistema de convenios con cada autonomía.

Convergéncia i Uniò ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad, al considerar que no se respetan las competencias del nuevo Estatuto de Ca- taluña. De todos modos, el Gobierno central tiene asegurada la aprobación del anteproyecto gracias al respaldo parlamentario de Izquierda Unida y Esquerra Republicana.

Seguridad Social

No obstante, las diputaciones son las que aplicarán la futura ley en Euskadi y ayer se desmarcaron tanto del anteproyecto como del acuerdo entre Madrazo y Caldera. Los tres gobiernos forales consideran insuficiente que se reconozca el Concierto Económico y que se incluya a los niños de 0 a 3 años como beneficiarios de la asistencia a los dependientes. Y recuerdan que ya ofrecen los servicios que quiere reconocer el Gobierno del PSOE.

Todas las diputaciones se remitieron a la declaración que firmaron en marzo pasado con el Ejecutivo vasco y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). En ella denuncian la vulneración de competencias por el Gobierno central y aseguran que las prestaciones a las personas impedidas deberían incluirse dentro del Sistema de la Seguridad Social

Fuentes de la Diputación vizcaína explicaron que los asuntos del Cupo se resuelven en una comisión mixta en la que participan los gobiernos forales. Sin embargo, recalcaron que Madrazo actuó por su cuenta cuando, tras respaldar la declaración conjunta, pactó con Caldera.

Medios próximos al consejero rechazaron esa versión y aseguraron que su departamento informó a las diputaciones sobre las negociaciones con el Ejecutivo central, que reportarán a Euskadi nueve millones de euros durante 2006. «El acuerdo es del Gobierno vasco», afirmaron esos medios.