El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer a la Guardia Civil que, con el apoyo de la Ertzaintza, clausure la herriko taberna de la localidad vizcaína de Zamudio, por considerar que es la única forma de impedir que «siga dando cobertura e infraestructura a los fines criminales» de ETA e incurra en reiteración delictiva. El magistrado dictó la clausura -en contra del criterio del fiscal, que no la creyó necesaria- por dos años, el mismo periodo por el que está suspendida Batasuna. Al cierre de esta edición, la medida aún no se había ejecutado.

Grande-Marlaska ordenó la medida cautelar a raíz de la detención, el 18 de abril en Abadiño, de Ibon Meñika, el supuesto jefe de Ekin en Vizcaya, cuando iba en su automóvil a la herriko de Zamudio. Llevaba un talonario de 90 bonos, con un valor de 60 euros cada uno, destinados a la financiación de ETA por sus simpatizantes.

La Guardia Civil registró la sede de la izquierda abertzale y halló bonos de los empleados en 2004 para financiar a Herritaren Zerrenda, la candidatura sucesora de Batasuna que no pudo concurrir a los comicios europeos, y otros talonarios para ayudar a la 'plataforma 18/98', que apoya a los 55 procesados en el macrosumario contra las supuestas organizaciones del entorno de ETA. Los informes policiales indican también que Meñika utilizaba los locales para las reuniones de Ekin, y que sus responsables instalaron una carpa en las fiestas para financiar a Gestoras pro Amnistía.

Durante la tarde de ayer, un grupo de jóvenes se concentró ante la herriko taberna, en contra de la decisión judicial. Junto a ellos se hallaba la abogada Jone Goirizelaia, para quien el cierre del local responde a la «estrategia represiva» del PSOE. La ex parlamentaria advirtió de que «ningún proceso puede ponerse en marcha sólo con la voluntad de una de las partes», tras aseverar que únicamente la izquierda abertzale trabaja por mantener el proceso de paz.