Una sentencia judicial apremia al Instituto Municipal de Deportes de Barakaldo a que incorpore a su plantilla a siete trabajadoras despedidas por una subcontrata. La resolución fue dictada en abril por el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao y se basa en otro dictamen anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según reveló ayer el grupo Nacionalistas Vascos, la sociedad dependiente del Ayuntamiento «tiene un plazo de diez días» para cumplir la decisión. «Empieza a contar a partir de la fecha de notificación de la sentencia, el 27 de abril, y el alcalde todavía no la ha puesto en práctica», denunció el portavoz de PNV-EA, José María Lekue.

Pese a las críticas de la coalición nacionalista, los responsables del IMD afirmaron que acatarán el fallo judicial. «Vamos a cumplir el dictamen porque el interés general debe prevalecer sobre el particular», insistió la presidenta del organismo autónomo, la socialista Olga Santamaría. Según apuntó la responsable municipal, el trámite todavía no está agotado en los tribunales. «Estamos a la espera de diversas aclaraciones sobre la ejecución de la sentencia», explicó.

El problema con las siete trabajadoras de la contrata data de finales de 2004. En aquel año, la Inspección de Trabajo giró una visita al IMD y expidió un acta de infracción contra la empresa gestora de las instalaciones. «Se limita a suministrar mano de obra para la atención en la recepción», constató el informe. Esta situación supone que las empleadas prestaban el servicio «de forma directa» a la compañía dependiente de la Corporación municipal, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Primera demanda

Poco después del dictamen de los inspectores de Trabajo, la firma subcontratada por el Consistorio despidió a las afectadas. Las trabajadoras decidieron interponer una demanda en los tribunales para integrarse en la plantilla del Instituto Municipal de Deportes. Tras un proceso judicial de un año de duración, los tribunales fallaron a favor de las empleadas.

Ante la situación creada, el primer partido de la oposición acusó a los dirigentes locales de utilizar el IMD para «eludir el cumplimiento de sus obligaciones». «¿Cómo una administración pública como ésta no es escrupulosa en el cumplimiento de la legislación?», cuestionó Lekue.