Amaia Piedra recibió la primera gran noticia desde que comenzó el proceso por un presunto positivo ocurrido en junio de 2004. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha concedido a la atleta bilbaína la suspensión cautelar de la resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva, en la que se decretaba una sanción de dos años, por lo que Piedra puede volver a competir mientras dure y se resuelva el proceso judicial.

Desde que se destapó el caso en el Torneo Federaciones celebrado en Valladolid, las alegaciones de la defensa de la atleta de Santutxu fueron paulatinamente rechazadas por los organismos competentes en el área deportiva, culminando en octubre del pasado año con la sentencia del Comité Español de Disciplina Deportiva en la que ratificaba los dos años de castigo.

En ese momento, Piedra anunció su intención de acudir a la vía ordinaria para exponer su caso, decisión que ya ha tenido sus primeras consecuencias. El TSJPV, al que ha llegado por primera vez un caso de estas características, ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por los abogados de la bilbaína y ha abierto la posibilidad de que retome la práctica deportiva a partir de ese momento.

El hecho de que Piedra lleve sin competir más de la mitad del tiempo establecido de sanción -desde febrero de 2005, cuando el Comité de Competición y Jurisdicción de la RFEA emitió su resolución declarándola culpable de dopaje- ha sido determinante en la decisión del tribunal, que considera que el paso del tiempo sin competir a la espera de una resolución definitiva aumenta los riesgos irreparables en la trayectoria de una atleta profesional. Por este motivo, Amaia Piedra está en condiciones de volver a competir en cualquier tipo de carrera mientras el proceso judicial continúe su curso.

Desde que el caso salió a la luz en agosto de 2004, la defensa de la vizcaína ha lamentado la lentitud del proceso y el rechazo sistemático de las pruebas presentadas para demostrar su inocencia.

«Sin defensa posible»

Tal y como declaró Piedra en noviembre a este periódico tras conocer la decisión del CEDD, «mi situación es consecuencia de la errónea actividad del laboratorio de Madrid, de la Real Federación Española de Atletismo y de la justicia en vía deportiva. Víctima de un proceso judicial largo, en el que la posibilidad de defensa no existe; he demostrado que los resultados de mis análisis dan un negativo rotundo, pero nadie asume responsabilidades. Fui sancionada sobre un análisis que no deja la menor duda de que no es positivo y que creo es justo sacar a la luz pública para aclarar que, como ha ocurrido con otros deportistas absueltos -Lagat, Llaneras, Beke, los 6 triatletas de Lanzarote, etcétera -es un falso positivo más que la justicia deportiva no ha querido rectificar. Si a partir del 1 de enero de 2005, por orden de la WADA, se decreta que se cierren todos los casos abiertos a partir de esa fecha, el mío también estaba abierto, pero como era de 2004 crearía precedentes, pudiéndoles causar serias indemnizaciones».

En ese momento, la fondista anunció su intención de acudir a la justicia ordinaria, decisión que ya le ha reportado las primeras consecuencias positivas.