El Parlamento vasco instó ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que pida al fiscal general del Estado la retirada de la acusación pública contra los imputados en el macroproceso que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional al llamado entorno de ETA, dentro del sumario conocido como 18/98. La propuesta fue aprobada con el apoyo del tripartito y Aralar, la abstención de los comunistas vascos y el voto negativo de socialistas y populares.

Los partidos con representación en la Cámara autónoma realizaron ayer un debate muy similar al vivido el pasado 23 de noviembre. Entonces, las fuerzas nacionalistas, con el respaldo de EB, exigieron que no se persiguiese a la izquierda abertzale, tacharon de «político» el sumario 18/98 y reclamaron la derogación de la Ley de Partidos.

Más de cuatro meses después, los argumentos apenas han variado. El macrosumario sobre el entorno etarra volvió a un Pleno del Parlamento gracias a una proposición no de ley presentada por Aralar en la que, entre otras cuestiones, se calificaba este proceso como «la mayor injusticia jurídica realizada contra la sociedad vasca en los últimos años» y se instaba al Gobierno central a que diese instrucciones a la Fiscalía General para que retirase la acusación pública. A esta petición, el tripartito presentó una enmienda en la que se ratificaba lo acordado en noviembre y se pedía la eliminación de «todos los obstáculos, entre ellos el macrosumario 18/98, que puedan impedir avanzar en la solución del conflicto».

Finalmente, los miembros del Gobierno vasco y Aralar pactaron otra enmienda de dos párrafos -la que salió aprobada- que fundía las dos propuestas iniciales: reclamaba la eliminación de los «obstáculos» e instaba al fiscal general a retirar la acusación. La iniciativa salió adelante por 33 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones. En el momento de la votación faltaban Jesús Eguiguren (PSE) y Antón Damborenea (PP). De haber estado presentes habría habido un empate que, a su vez, habría provocado que la proposición quedase aplazada hasta un próximo pleno.

«Vergüenza»

A esta votación se llegó después de un debate con planteamientos conocidos, en el que se evidenciaron las posturas enfrentadas que separan a las fuerzas nacionalistas y EB de socialistas y populares. En este sentido, el portavoz del PNV, José Antonio Rubalkaba, sostuvo que la eliminación del sumario 18/98 es «lo que la sociedad está pidiendo», y no dudó en calificar este macroproceso de «político» y «de vergüenza para cualquier justicia». El representante jeltzale, dirigiéndose a los parlamentarios socialistas, consideró que ha llegado el momento de «reflexionar» y solicitó al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que «no se manche en el ridículo». Rubalkaba añadió que así como a ETA se le «exige que se verifique», al Estado también es necesario reclamarle «un gesto» para «desmantelar la locura que es el 18/98».

La respuesta llegó por parte del portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, quien defendió la «separación de poderes» y resaltó que «no podemos inmiscuirnos en lo que es la labor de los tribunales». El dirigente socialista consideró que no corresponde a los parlamentarios «decir si los encausados son inocentes o culpables» y recordó que hay «un juicio pendiente».

«Bases falsas»

Pastor también rechazó uno de los argumentos principales empleados por las fuerzas nacionalistas: que este sumario dificulta el proceso de paz. «Es un argumento que se sustenta sobre bases falsas, muy propias de la equidistancia imposible que algunos quieren mantener entre ETA y el Gobierno», resaltó.

El portavoz del PSE-EE quiso dejar claro que ni la democracia ni sus instituciones «van a ser objeto de ningún tipo de mercadeo político con el pretexto de la paz» y que no se derogará una ley que se ha «revelado útil», como la de Partidos. José Antonio Pastor recalcó que nadie debe pedirles «hacer la vista gorda para que no se aplique la ley», aunque no olvidó un planteamiento que ha reiterado durante las últimas semanas el secretario general de su formación, Patxi López: «Cosa distinta -afirmó Pastor- es que las leyes se apliquen con el margen de flexibilidad que el propio marco legal permite y que los socialistas desearíamos». En todo caso, reconoció que no es el PSE quien tiene que establecer «cuál es ese margen ni cómo se puede concretar».

También el PP mostró su rechazo a la iniciativa. Su portavoz, Leopoldo Barreda, acusó a los autores de la enmienda de plantear «exigencias al Estado de Derecho y ninguna a ETA-Batasuna». Por su parte, el secretario federal de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, censuró la propuesta aprobada y recalcó que el Estado de Derecho «no se puede someter a ese tipo de exigencias o de peticiones».