El Gobierno achacó ayer a «la intransigencia» del PP que no haya acuerdo en la reforma del Estatuto de Andalucía. El PSOE, según la visión gubernamental, hizo en cambio «un extraordinario esfuerzo» para llegar a un pacto. Mientras el Ejecutivo arremetía contra el partido opositor, la presidenta del Parlamento andaluz trató de templar gaitas e hizo un llamamiento a los populares para que se incorporen a un consenso «posible y deseable» durante la tramitación del texto.

La vicepresidenta primera rompió su costumbre de no utilizar las comparecencias posteriores a los Consejos de Ministros para atacar a otras fuerzas y censuró la actitud del PP en la cámara andaluza. El desacuerdo sobre la reforma, a juicio de María Teresa Fernández de la Vega, tiene un solo culpable: el principal partido de la oposición. Su terquedad, prosiguió, «ha impedido» el consenso, lo que ha conducido a que el texto se apruebe por una exigua mayoría de 67 de los 109 diputados.

Fernández de la Vega subrayó la distinta actitud de los socialistas, que hicieron «un extraordinario esfuerzo», negociaron «hasta la extenuación» y ofrecieron todo tipo de «alternativas» para forjar en vano un consenso. Confió, de todos modos, en que durante la tramitación del proyecto en las Cortes se alcance el pacto que fue imposible alcanzar en Sevilla.

Poco antes, la presidenta del Parlamento de Andalucía, la socialista Mar Moreno, entregó en el Congreso el texto aprobado en la cámara autonómica. Hizo votos por lograr en las Cortes un acuerdo con el PP, porque «aún estamos a tiempo». Los dos partidos mayoritarios tienen numerosos puntos de desencuentro, pero sobre todo discrepan de la definición de Andalucía, recogida como 'realidad nacional'. Esta enunciación es defendida por socialistas e IU y denostada por PP y andalucistas, aunque por diferentes motivos. Para los primeros es un exceso que va más allá del concepto de nacionalidad histórica, y para los segundos se queda corto porque Andalucía es «una nación».

El proyecto consta de 246 artículos repartidos en 11 títulos; el vigente tiene 75 apartados distribuidos en seis capítulos. El siguiente paso que deberá dar la reforma es el debate para la admisión a trámite en el Congreso, que es posible que se fije para el 23 de mayo. La superación de este trámite está garantizada porque goza del respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, con la única oposición del Partido Popular.