Una delegación española, encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, se fue de La Paz como llegó: con las manos vacías. Después de tres horas de discusiones con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la plana mayor de su Gobierno, una comisión compuesta por responsables de varios ministerios sólo logró buenas palabras del líder cocalero, que acaba de nacionalizar los hidrocarburos.

El Ejecutivo boliviano fue inflexible en su posición de no revisar el control estatal de las empresas extranjeras del sector que operan en el país -entre ellas, Repsol-YPF-, pero prometió para las inversiones futuras lo que le niega a las actuales: seguridad jurídica y garantías permanentes. En ese marco inamovible, León señaló: «Hoy se inicia un diálogo, una negociación (sobre el impacto de la nacionalización en los intereses de la petrolera española) que, estamos convencidos, se va a desarrollar sobre la base de la confianza y la lealtad». El resultado de este proceso «no estoy en condiciones de anticiparlo», confesó. «No soy adivino».

Sus palabras, en una comparecencia pública tras la reunión sostenida con Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y los ministros de Hidrocarburos -Andrés Soliz-, Planificación -Carlos Villegas- y Exteriores -David Choquehuanca- encontraron eco de distinta intensidad en el 'número dos' del régimen boliviano. García Linera anunció que no se tocará ni una coma del decreto de nacionalización, que afecta de forma directa a Repsol y somete a la compañía a un virtual proceso de confiscación. «La decisión del Gobierno está en los artículos del decreto. Ésos no se revisan, no se conversan. Se acatan», sentenció. Asimismo, despejó cualquier duda sobre una posible marcha atrás en «una decisión soberana e irreversible».

Confianza y lealtad

El vicepresidente de Bolivia, a diferencia del discurso que mantenía en campaña electoral, no despreció ayer en el Palacio Quemado -sede del Ejecutivo- las inversiones del exterior, calificadas hasta la fecha de fruto del «saqueo». «Tenemos un nuevo escenario donde la inversión extranjera tiene que estar presente. La necesitamos. Vamos a dialogar. La convocamos», anunció. A juicio del hombre fuerte del Gobierno, el capital extranjero puede estar tranquilo con el actual Ejecutivo porque, a partir de ahora, garantiza tres principios: reglas estables y duraderas, seguridad jurídica y un escenario de rentabilidad a la inversión.

A esos principios se refirió Bernardino León en una rueda de prensa, en la que destacó la apertura de un diálogo durante los próximos seis meses, plazo que establece el decreto para que las multinacionales se adapten a la nueva legislación que, a efectos reales, las convierte en meras operadoras, bajo amenaza de ser expulsadas de Bolivia. «Sobre la base de la confianza y la lealtad», términos repetidos por el secretario de Estado, «hoy se inicia un camino» en el que «habrá que ver cuál es la letra pequeña», apuntó. No obstante -manifestó-, «nuestra esperanza es que las empresas se queden pero les corresponde a ellas tomar esa decisión». En un trabajo de ingeniería diplomática, calificó la reunión de ayer como «otras» que había tenido: «positiva, franca, cordial». Asimismo, insistió, en alusión a los dichos posteriores de Linera que había «recibido garantías» que apuntan a «reglas nuevas claras» y «de seguridad jurídica».

La relación entre Evo Morales y el secretario de Estado se venía desarrollando de forma fluida. El presidente de Bolivia anunció por sorpresa y sin previo aviso, el pasado 1 de mayo, la nacionalización de los hidrocarburos apenas cuatro semanas antes de que Bernardino León se entrevistará con él. Pero la medida la tenía en cartera desde hace, «dos meses», según declaró ayer García Linera. El vicepresidente atribuyó la elaboración del texto legal, de ocho páginas, a un equipo de Gobierno capitaneado por Morales y evitó pronunciarse sobre la redacción del mismo en Caracas. Según fuentes próximas al Gobierno venezolano y al español, el decreto no sólo tiene el sello, sino la pluma de Hugo Chávez.

Las formas a las que recurrió Evo Morales para dar a conocer la tercera nacionalización del gas y del petroleo en la historia de Bolivia, anunciada con agravios históricos a España y con otros matices en campaña, se atribuyen en sectores críticos al Gobierno a la necesidad de recuperar su imagen, que había caído casi veinte puntos desde que llegó al poder hace apenas tres meses y medio.