La empresa constructora y gestora del aparcamiento del Arenal ha obtenido del Ayuntamiento de Bilbao condiciones ventajosas para sacar adelante el proyecto, inéditas en los nuevos estacionamientos de concesión pública. A petición propia, la firma Parking Arenal ha conseguido modificar el contrato original con las obras en marcha. Como no podía vender sus plazas con antelación -clave para financiar esta compleja excavación junto a la ría-, el Consistorio le ha concedido «medidas de flexibilización». Por ejemplo, que las parcelas puedan ser compradas por personas que no son residentes y que un mismo vecino adquiera dos garajes por vivienda.

El cambio, fechado el 21 de enero de 2005, está avalado por la concejalía de Aparcamientos y por el Gobierno municipal. El contrato definitivo permite la venta a profesionales vinculados a la zona por licencia de actividad -un comerciante- por un plazo de 10 años y prorrogable hasta que aparezca un residente. Esto ya se autorizó antaño en la plaza Bizkaia, pero no se ha permitido ahora en otros parkings del centro de la ciudad en los que la demanda supera la oferta.

La modificación ha facultado además a la concesionaria a construir otra planta -la quinta-, lo que se traduce en 219 plazas de residentes más a la venta, con un precio medio de 23.000 euros. Esta ampliación genera un beneficio de 600.000 euros, según el director del área. Manu Asúa garantizó ayer el equilibrio financiero al explicar que la constructora asumirá mayores gastos de obra y seguros.

Las ampliaciones se suelen autorizar cuando hay una demanda excesiva, como acaba de ocurrir en la plaza Campuzano. Pero no es el caso del Arenal porque, a día de hoy y tras casi tres años de operación comercial, no se han vendido todas las plazas de residentes disponibles (470). La exigencia de adelantar su importe habría retraído a muchos interesados.

La unión de empresas formada por las constructoras Lauki, Olabarri y Viuda de Sáinz obtuvo la adjudicación en octubre de 2002. Bajo el nombre Parking Arenal, solicitó modificar el contrato apenas dos años después, el 26 de marzo de 2004, y construir una planta más. Lo intentó en dos ocasiones sin éxito, porque los servicios jurídicos municipales no lo aprobaron. Los letrados llegaron a advertir de que las modificaciones «obedecen al interés o conveniencia del contratista que queda sustancialmente beneficiado, como consecuencia del incremento de plazas».

Indemnización

El delegado de Aparcamientos, Ibon Areso, restó trascendencia al dictamen y destacó la importancia del «criterio técnico y económico». Areso justificó el permiso para levantar más plazas, aunque «sobren» de momento, en el convencimiento de que es una inversión: «Dentro de diez años serán imprescindibles y nos ahorraremos un problema. Si no se hacía ahora la planta nueva, luego sería imposible».

Su construcción retrasará un año la entrega de la obra -hasta el que viene-. Por ello, el Consistorio obligará a la concesionaria a indemnizar a quienes compraron una parcela antes del cambio de contrato abonándoles 60 euros por cada mes de demora.