La organización vasca de consumidores (EKA-OCUV) entiende que no se debería abonar ningún peaje en la A-8 una vez que ha pasado a manos de la Diputación tras finalizar los 35 años de concesión a una empresa privada. «Va en contra de lo prometido en su momento por las autoridades y a favor de la compañía gestora, a la que reporta grandes beneficios». La OCUV sostiene que «el dinero obtenido por el cobro del peaje debe ser destinado al mantenimiento de la A-8 y no a sufragar los costes de la Supersur».

La organización recordó que se da «una clara discriminación entre vizcaínos y guipuzcoanos, ya que éstos últimos disponen de unos descuentos sufragados por la Diputación que los vizcaínos no disfrutan». En este sentido, instó a la institución foral vizcaína a que rebaje el peaje «ciñéndose a los costes de mantenimiento hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba la norma reguladora de este pago sea firme».