Las empresas españolas, que se hicieron multinacionales en América Latina, temen ahora el cambio en las reglas de juego en países como Bolivia, Venezuela, Perú o incluso Argentina donde la pobreza, las graves desigualdades sociales o la crisis económica pueden llevar a los gobiernos a ceder a la tentación del populismo.

La inseguridad jurídica es la principal razón que alegan las compañías para paralizar o reconsiderar sus inversiones en estos países del continente americano. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia no ha sorprendido a nadie, y mucho menos a Repsol YPF, pero las alarmas se han encendido ante la posibilidad de que los procesos negociadores que en casos como este suelen abrir los gobiernos con las compañías, encuentren un clima abiertamente hostil.

Las empresas españolas empezaron a 'hacer las Ámericas' hace casi dos décadas. Recién superada la crisis económica que acompañó los primeros años del gobierno socialista de Felipe González, Telefónica puso en Perú la primera 'pica' de su proceso de internacionalización. Desde entonces, las compañías han conocido las ventajas y los sinsabores de apostar por el crecimiento en países de riesgo.

Empresas financieras, proveedoras de servicios y titulares de concesiones han pasado su peculiar travesía del desierto. Los bancos sufrieron las consecuencias del 'tequilazo' en México y, sobre todo, la prolongada crisis argentina, mientras Telefónica, Aguas de Barcelona o las compañías eléctricas saben mucho de la congelación de tarifas en servicios básicos.

«Ninguna otra apuesta les hubiera dado las mismas oportunidades», observa el analista de un servicio de estudios para quien el 'caso Bolivia' no debe inducir al pesimismo generalizado. Es uno de los países más pobres de Latinoamérica, afirma, tras recordar que los recursos energéticos naturales -en este caso los hidrocarburos- son casi siempre propiedad de los Estados, y que las petroleras extranjeras daban por descontado su nacionalización, prevista no ya en el programa electoral de Morales, sino en la ley de Hidrocarburos que le precedió.

Ir para quedarse

Latinoamérica ha hecho posible que Telefónica aspire a líder mundial, permitido a Repsol YPF ingresar en el 'club' de las grandes petroleras y aporta hoy entre un tercio y la mitad de las ganancias de los dos gigantes bancarios españoles. En el camino de todos estos logros ha habido episodios muy difíciles y «la estabilidad empresarial se ha ido consiguiendo en paralelo a la reducción de las desigualdades», concluye el experto.

En Bolivia permanecen, ahora mismo, además de Repsol YPF, las españolas Red Eléctrica -la única transportadora de alta tensión-, Iberdrola -negocios de distribución-, Unión Española de Explosivos, BBVA -con una administradora de fondos de pensiones-, Cobra -del grupo ACS-, Prisa y la editorial Santillana. El vicepresidente del gobierno Morales ha asegurado que todas ellas van a gozar «de plenas garantías», pero la incertidumbre resulta inevitable.

El Santander vendió por 31,7 millones de euros, pocos días antes de la elección de Evo Morales, la propiedad del Banco santa Cruz. Y el grupo de ingeniería de servicios Abengoa, que había visto rescindido un contrato de aguas años atrás, cedió al Estado su participación en un consorcio hispano-británico.

Las dificultades para las petroleras datan de años, por la inestabilidad política del país, y porque los hidrocarburos se han convertido en la principal fuente de riqueza de Bolivia como consecuencia de un desarrollo fuertemente desequilibrado. En 2003 España, que un año antes se había aupado al puesto de primer inversor en el país andino, quedó relegada a una posición de cola, porque Repsol YPF cortó el grifo de los desembolsos.

Inseguridad jurídica

La Oficina Económica y Comercial de España en La Paz sitúa por esas fechas el arranque del conflicto: «La situación de incertidumbre e inseguridad jurídica en el sector económico más importante de Bolivia ha provocado una paralización total de la inversión extranjera que resulta muy preocupante y que afectará negativamente al crecimiento futuro sostenible del país...», alertó.

Bolivia vivió 2005 sumida en la crisis política permanente y en graves los conflictos sociales. En ese clima se gestó una ley de Hidrocarburos con un notable aumento de la presión fiscal que se aprobó el 5 de mayo y que generó el descontento de todos: las petroleras extranjeras la consideraron confiscatoria, y los comités cívicos, pueblos indígenas, entidades locales y municipales denunciaron que no había 'tarta' suficiente para repartir.

En esa ley ya se recuperaba «la propiedad de los hidrocarburos a boca de pozo» y se previó la migración de las compañías a contratos de riesgo compartido. Nueve petroleras, lideradas por Repsol YPF, BP y Total, solicitaron el inicio de un procedimiento de concertación con el Gobierno previo a un arbitraje internacional, pero la inestabilidad política dilató el proceso.

Que Bolivia era víctima de la «enfermedad holandesa» -concentración de todas las expectativas económicas en los hidrocarburos-, ya lo advirtió la Oficina Económica y Comercial española bastante antes de la victoria del candidato del Movimiento al Socialismo Evo Morales. Otros analistas recuerdan que fueron las masivas protestas en demanda de nacionalización de la industria energética -junto a los conflictos mineros- las que provocaron la caída de dos gobiernos en menos de tres años.

A las empresas españolas les inquieta ahora que las pautas de actuación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, junto a la dubitativa actitud del argentino Kirchner, y los anuncios del boliviano Morales, se vean reforzados con la victoria del candidato nacionalista en Perú, porque Ollanta Humala mantiene un discurso radical, contrario a la economía de mercado.

España es el primer país inversor en Perú con una participación que ronda el 25% -3.192 millones de euros en 2004- de la inversión extranjera total. Pero las cifras oficiales no reflejan en este caso sino una parte de la realidad, al no incluir la reinversión de beneficios en filiales, que es lo más frecuente, ni las inversiones llevadas a cabo a través de subsidiarias localizadas en otros países.

Hay seis empresas españolas entre las veinte primeras de Perú por volumen de facturación, y dos de ellas ocupan el segundo y tercer puesto, la refinería La Pampilla, de Repsol YPF, y la filial de Telefónica. Endesa es la segunda en el sector energético, y la presencia de bancos españoles -cuota del 20% de la inversión- sólo se ve superada por la de sus colegas italianos.