«Apostamos por que la relación laboral de los empleados de hogar deje de ser especial y se convierta en ordinaria», explicó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. La fórmula barajada es conseguir que los trabajadores domésticos se agrupen en fundaciones, organizaciones no gubernamentales o cooperativas, en las que exista un «auténtico empresario» que contacte e intermedie con las familias para la contratación del personal.

Granado reconoció que se trata de «un diseño complicado», pero informó que el primer paso se dará en breve. Los cambios empezarán con la reforma de pensiones que negocian Gobierno, empresarios y sindicatos y que espera vea la luz antes de junio. Aseguró que la medida cuenta con bastante apoyo por parte de la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT, organizaciones dispuestas a asumir las recomendaciones del Pacto de Toledo -acuerdo parlamentario de 1995-, proclives a que sólo existieran dos regímenes en la Seguridad Social: el General y el de Autónomos.

Las declaraciones del secretario de Estado tuvieron lugar en una jornada de reflexión sobre el sector de trabajadoras del hogar, organizada por Cáritas y la Plataforma de Asociaciones representativas del colectivo. Durante su intervención, lamentó que el trabajo doméstico sea la única actividad que si no llega a un tope de horas se pueda desempeñar sin cotización, «lo que desencadena un efecto perverso» para el trabajador y para el sistema, puesto que si no se aporta no hay prestaciones. A este inconveniente se une el hecho de que las inspecciones públicas en los hogares son «esporádicas» y el descontrol elevado.

Sin mayor coste

Los cambios tendrían tres ejes. El primero sería la modificación de la relación especial. «Estamos (trabajo doméstico) ante el único supuesto en el que los que emplean no son empresarios son empleadores», explicó. Habría que constituir empresas de diversa naturaleza a las que las familias podrían acudir para solicitar un empleado. Estas sociedades reemplazaría al trabajador en caso de enfermedad o de inadaptación en el hogar.

El segundo pilar de la reforma consistiría en la equiparación paulatina con el Régimen General en cotizaciones y prestaciones, «avanzando cada año lo que pueda ser asumible».

Y el tercero, conseguir que la reforma no supongan un mayor coste para las familias que contratan al personal. El secretario de Estado de la Seguridad Social comentó que la integración podría estar concluida dentro de unos 15 años.