El diputado de Empleo y Formación de Vizcaya, Julio Artetxe, se ha empeñado en una campaña para que los beneficios del cierre de la fábrica de abonos nitrogenados de Fertiberia en Barakaldo sean reinvertidos en la industria de este territorio histórico. Él mismo maneja la cifra de 330 millones de euros como valor del suelo liberado, recalificado como urbano hace unos años, cuando la planta fue comprada hace una década por menos de seis millones. Todo un 'pelotazo', asegura, aunque habrá que tener en cuenta los gastos de limpieza del solar, que pueden ser muy elevados. El responsable de EA ha advertido personalmente a los responsables de Fertiberia de que o reinvierten las plusvalías o actuará desde la Diputación para alterar el proyecto urbanístico y reducir así el valor de los terrenos.

- ¿Qué asuntos trató con el vicepresidente de Fertiberia, Francisco de la Riva, en la reunión mantenida el miércoles?

- Fue una cita cordial, en que le trasladé mi opinión sobre las plusvalías que le supondrán a Fertiberia la liberación de suelo que representa el cierre de la planta, que deben ser reinvertidas en Vizcaya. La empresa se escuda en que la clausura es una iniciativa del Ayuntamiento de Barakaldo y de que es inviable invertir ahora en una planta similar, pero le recordé que existe un compromiso firmado en su día con los trabajadores al respecto. Si esas ganancias no revierten en Vizcaya en actividad industrial y en empleo, no nos vamos a quedar quietos y, al final, no serán las esperadas ni en cuantía ni en el tiempo.

- ¿Realmente tiene su departamento o la Diputación capacidad de presionar en este asunto, cuando la recalificación de los terrenos ya está decidida desde hace años?

- No he querido precisar al señor De la Riva cuáles son esas medidas porque no es prudente dar pistas. Pero Fertiberia no duda de la capacidad de la Diputación a la hora de condicionar el proyecto urbanístico que pueda tener en marcha. Nos hemos entendido muy bien en que ésa es una posibilidad real.

Doce empleos es poco

-Sin embargo, la empresa alega que su compromiso de reinvertir se refería a si ponía en marcha algún gran proyecto para sustituir el actual, que no es el caso...

-Ésa es una manera restrictiva de interpretar el pacto por parte de la empresa. Mi debate es que las plusvalías se queden en Vizcaya. Y no me sirve la creación de una planta logística en el superpuerto con doce empleos. La desproporción es muy grande.

- ¿A qué actuaciones se refiere cuando dice que puede condicionar el proyecto urbanístico?

- Son de carácter técnico. La Diputación tiene capacidad para entorpecer la operación en un caso que nunca debió darse. Me gustaría que las administraciones vascas tuviéramos mecanismos suficientes para, en estas situaciones, tener una posición más activa en garantía del interés público. No hay que olvidar que ésta es una empresa sacada del ámbito público y que es en el privado donde se produce el 'pelotazo', palabra a la que no quiero dar un sentido peyorativo. Por ello exijo que se establezcan mecanismos de reversión al ámbito público para que los ciudadanos sean los beneficiarios.

- ¿Se trata de un mecanismo similar al que ha utilizado la Diputación en la papelera Virtisú?

- Yo no identificaría estos dos casos; no son similares, ni lo es tampoco el de Legget & Platt de Zamudio. Lo único que tienen en común es que son empresas con beneficios ubicadas en Vizcaya y que deciden cerrar sus instalaciones. Son situaciones diferentes y las soluciones para una no tienen por qué ser trasladables a las demás.

- ¿No es un poco tarde para hablar de 'reversión' en el caso de Fertiberia?

-Para este caso concreto sí, pero reitero la necesidad de algún tipo de mecanismo, y llegar incluso a la expropiación, para evitar este tipo de 'pelotazos'. Porque es más justo que las plusvalías reviertan en los ciudadanos que en una empresa privada. En el futuro deberían establecerse cláusulas al respecto cuando se trate de bienes privatizados. Hubo familias de Lutxana expropiadas para construir la fábrica, porque había un interés público, y eso no puede dar pie para el lucro espectacular de una empresa privada.

Armas legales

- ¿Pero hay ya mecanismos par evitar esto o aboga por que debería haberlos?

-En principio, la normativa sobre expropiación está ahí y también está ahí el interés público. Existen armas legales par que determinados bienes reviertan al ámbito público, aunque cuando hablo de expropiación me refiero a una medida extrema, la última a adoptar. Pero tampoco me gustaría abrir excesivos debates porque sería distorsionar el de la reinversión de las plusvalías.

- ¿Cuenta con apoyos en la Diputación para hacer cumplir sus amenazas?

- Cuando hablo lo hago como diputado de Empleo y Formación y, por lo tanto, en nombre de la institución foral. No lo hago a título personal ni como portavoz de mi partido, EA, desde cuya perspectiva hubiera dicho muchas más cosas.

- ¿Pero se siente respaldado por sus compañeros de Gobierno y por el diputado general?

- Sí. En dos consejos de Gobierno hemos hablado, no formalmente, de este asunto y no he oído ninguna opinión en contra ni malestar por mis declaraciones.

- ¿No teme que una política de este tipo pueda desanimar a los inversores foráneos?

- Rotundamente no. Esta posición de la Diputación responde a casos concretos, especiales. Las propias empresas afectadas reconocen y comprenden que es normal que nos sintamos molestos. Por otro lado, el atractivo del territorio vizcaíno está muy por encima de estas circunstancias, como el nivel de apoyos y de ayudas, superiores a los territorios del entorno. Por ello no creo que estas actuaciones puntuales dificulten la implantación de otras empresas.

- ¿Cree que podrían recurrir judicialmente esas familias que en su día fueron expropiadas por interés público?

- No sé nada al respecto, pero supongo que alguien se lo habrá planteado.