Esta declaración realiza un análisis crítico del proyecto de ley al considerar que "invade claramente" las competencias de las instituciones vascas en materia de servicios sociales y "excede con mucho los límites" que la Constitución Española concede al Gobierno de Madrid. Asimismo, rechaza que unos servicios de atención de esta envergadura se financien a través de presupuestos anuales.

El Ejecutivo de Vitoria no había opinado hasta ahora sobre esta cuestión y su portavoz Miren Azkarate lo ha hecho hoy por primera vez y no para respaldar el acuerdo suscrito por el consejero. "Nuestra posición está recogida en la declaración interinstitucional firmada por Gobierno, Diputaciones y Eudel y liderada por el propio consejero. El Gobierno de lo que está detrás es de los contenidos de esa declaración", ha insistido.

Azkarate ha explicado que Madrazo suscribió "un acuerdo de intenciones y reconoció que no comprometía la decisión de los grupos parlamentarios del tripartito en el Congreso, y ha sostenido que el Gobierno del PSOE tiene ahora la responsabilidad de conseguir los apoyos de los grupos de oposición, entre los que se encuentra PNV y EA, para aprobar el proyecto. "Ahora tenemos un acuerdo de intenciones y habrá que ver cómo sigue la tramitación en el Congreso, cómo queda al final la ley y en base a eso se firmarán los acuerdos definitivos o ver qué tipo de relación vamos a entablar para que se respeten las competencias que nosotros tenemos de acuerdo al Estatuto. Lo que hay ahora es un preacuerdo de intenciones", ha afirmado.

Parte de las demandas

La portavoz ha asumido que parte de las demandas contenidas en la declaración interinstitucional se recogen en el principio de acuerdo firmado entre Madrazo y Caldera, pero no otros. Y ha citado expresamente la oposición del Gobierno, Diputaciones y Eudel a que los servicios de atención a las personas dependientes se financien anualmente a través del Cupo tal y como contempla el acuerdo.

Madrazo y Caldera firmaron hace unos días un principio de acuerdo que, en principio, garantizaba el apoyo del Gobierno Vasco al proyecto. Madrid reconoce mediante este acuerdo a las instituciones vascas competencias exclusivas en materia de servicios sociales, pero se reserva el establecimiento de unos servicios mínimos de atención a la dependencia y se compromete a financiarlos vía Cupo. Asimismo, garantiza a las instituciones vascas nueve millones de euros para este mismo ejercicio con el fin de preparar la aplicación de la ley prevista para el ejercicio 2007.

Sin embargo, el PNV se desmarcó la pasada semana con claridad de este acuerdo y el diputado nacionalista Emilio Olabarria afirmó con rotundidad que el acuerdo suscrito por el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales y el ministro Caldera "lo firmó el Departamento de Madrazo, pero no el Gobierno Vasco . Los compromisos del tripartito se rigen por unos protocolos".