Desde que el Gobierno vasco asumiera el mandato del Parlamento para habilitar fórmulas de préstamo de libros de texto que eximieran a las familias de su compra, el sector de la edición ha mostrado su oposición ante una medida que creen ruinosa para sus intereses y la cultura en general. Es evidente que no se pude hacer del libro escolar el sostén del mundo editorial, que la gratuidad de la enseñanza implica un acceso generalizado a los materiales y que su continua actualización dificulta su pervivencia. Pero ello tampoco conlleva la institucionalización automática del préstamo.