Con gran boato y parafernalia se firma hoy el acuerdo entre UGT, CC OO, la patronal CEOE y el Gobierno, destinado a cambiar el mercado laboral. Sin embargo, la ocasión no merece el retumbar del bombo y le sobra el tintineo del platillo. Como ocurre con el anteproyecto de reforma fiscal en curso -por cierto, ¿dónde está?, ¿se ha perdido?-, más que una reforma es un retoque que no ha concitado el entusiasmo ni de empresarios ni de sindicatos. Los primeros querían ir mucho más allá y los segundos temían ir más allá. En consecuencia, alguien podría pensar que el ministro Caldera ha alcanzado el justo y virtuoso término medio, pero no es así. La reforma aprobada tendrá, con seguridad, rendimientos para la política, pero es más que probable que sea irrelevante para la economía. Y aquí todo lo que no ayuda, perjudica. Incluso entre los agentes sociales se han oído voces muy críticas a ambos lados del espectro. Por ejemplo, ELA y Adegi, cada uno desde su posición, la encuentran manifiestamente mejorable, si no difícilmente empeorable.

El Gobierno ha decidido que, como las cosas del empleo van muy bien, lo mejor es no tocar el modelo. Pero había que haber hecho precisamente el razonamiento contrario: como las cosas del empleo van tan bien, se debería haber aprovechado la ocasión para acometer las reformas profundas que son necesarias para consolidar el éxito actual del mercado español del trabajo. En España trabajamos 18.559.178 personas, una cifra enorme, nunca alcanzada anteriormente. Como todo es perfectible, se critica con razón el exceso de temporalidad, pero eso tiene una causa bien conocida. Guste o no, y a los sindicatos no les gusta nada, todas las restricciones o dificultades que se pongan a la salida de unos del mercado laboral se convierten inexorablemente en trabas a la entrada de otros. Y eso no es ni productivo, ni justo ni equitativo. Si trabajasen los 18.559.178 que más se lo merecen por capacidad y esfuerzo, el sistema sería mucho más eficiente y crearía más empleo para los siguientes en la lista.