El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró ayer que los derechos de las empresas energéticas en Bolivia -la española Repsol YPF, entre ellas- siguen vivos, con independencia de la negociación actual.En su opinión, «los acuerdos deben cumplirse», y si un país quiere mantener la inversión extranjera «es imprescindible» el mantenimiento de las garantías.

Solbes se entrevistó con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria, Günter Verheugen, quien declinó cualquier comentario sobre la situación en el país andino. Ambos responsables aseguraron que el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario a España por el decreto ley que amplía las competencias del regulador no había sido abordado en la conversación.

Verheugen coincidió con Solbes en considerar que el mercado único de la energía es una prioridad europea, con lo que dio cierto apoyo a las tesis españolas que alegan la «inexistencia» de ese mercado como un argumento para oponerse a la OPA de E.on sobre Endesa.

«Error de orientación»

Por su parte, el ex presidente del Gobierno Felipe González afirmó ayer que el decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia aprobado por Evo Morales ha sido un «error de orientación» por parte del mandatario del país andino. González participó la reunión del Consejo de Relaciones Internacionales del PSOE en su calidad de presidente de la Fundación Progreso Global. Preguntado si consideraba legítima la decisión de Morales, pidió no reducir este asunto a una «respuesta simple» debido a su complejidad. Opinó que hay cosas «que pueden ser legítimas desde el punto de vista de la representación y la soberanía nacional y, al mismo tiempo, erróneas». Así, dijo que una decisión puede ser legítima «desde el punto de vista de la modificación de las leyes internas de un país» y luego «chocar» con la legalidad internacional.