La Audiencia Provincial de Madrid condenó ayer a penas que suman trece años y medio de cárcel a tres policías a los que responsabiliza de la detención, en enero de 2005, de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia De la Cruz, acusados de agredir al entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de la AVT. Bono había ido a la marcha a título personal, y fue increpado por un grupo de manifestantes que, sostienen los jueces, no llegaron a agredirle, por lo que consideran «ilegales» los arrestos. El fallo provocó la dimisión de Constantino Méndez, delegado del Gobierno en Madrid.

Los jueces que han analizado el caso consideran probado que Méndez mintió cuando, después de reunirse con responsables policiales y con la AVT para tratar lo ocurrido, anunció que los investigadores tenían datos e imágenes que avalaban la tesis de la agresión y que pronto habría detenciones. Méndez aseguró que renuncia por sus «firmes convicciones democráticas», a pesar de no compartir «en absoluto» el sentido de la resolución, que, subrayó, deja claro que los arrestos no obedecieron a órdenes políticas.

Los tres condenados son el comisario jefe de la Brigada de Información, Rodolfo Ruiz; el inspector jefe Javier Fernández y el agente José Luis González Salgueiro, que actuó como secretario en el interrogatorio. Los magistrados de la Sección Decimosexta imponen a los dos primeros sendas penas de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación absoluta por detención ilegal y falsificación de documento público, y al tercero tres años de cárcel. Además, Ruiz y Fernández tendrán que indemnizar a los dos militantes del PP con 12.000 euros. Los tres agentes anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Supremo.

«Zarandeos»

El 22 de enero de 2005 Bono fue increpado a su llegada a la manifestación con gritos de «fuera, fuera», «asesino», «apóstata de la iglesia» y «defensor de maricones». En torno suyo se generó un tumulto que llevó a sus escoltas, a varios policías y al servicio de seguridad de la manifestación a formar una cápsula de protección alrededor del ministro, que iba acompañado por su hijo y por la eurodiputada Rosa Díez. Según la sentencia, las autoridades fueron protegidas «sin que sufrieran ninguna agresión física».

Un día después, la policía interrogó a los agentes que participaron en el cordón de seguridad, que sólo reconocieron haber sufrido «zarandeos» por «la presión del numeroso público asistente» y subrayaron que el ministro y sus acompañantes oyeron sólo «insultos y abucheos». Tras revisar las grabaciones en vídeo, el inspector Fernández comunicó a su jefe, Rodolfo Ruiz, que no había «nada» que pudiera calificarse de agresión, y su superior le respondió que «si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y no se cuestiona».

Ese mismo día, Ruiz se reunió con el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, y con miembros de la AVT. Tras el cónclave, Méndez anunció a los medios que «pronto habría identificaciones y detenciones» porque la Policía tenía información y documentos gráficos suficientes. Esas afirmaciones, sostienen los jueces, «no respondían a la realidad, pues la investigación policial aquella tarde no reflejaba ni agresiones ni identificaciones de clase alguna».

La sentencia concluye que la Policía dirigió su mirada hacia Isidoro Barrios y Toñi De la Cruz el martes, tras ver en 'El País' una foto en la que podía apreciarse que estaban cerca de Bono en el momento de mayor tensión. A mediodía, fueron detenidos. Uno de los inspectores que participaron en las diligencias le dijo a sus jefes que no había pruebas, y Ruiz le comunicó que «estaba cesado como instructor, como jefe de grupo, y que saliera del despacho inmediatamente».

En tanto declaraban los arrestados, se presentaron en la comisaría los escoltas de Bono para cambiar su primera declaración, que coincidía en que no había agresión. Los guardaespaldas traían una nota manuscrita que hacía hincapié en la «violencia extrema» de los manifestantes, que trataban de agredir al ministro «con sus manos, pies y objetos contundentes». La sentencia también señala que esos testimonios «no respondían a la realidad constatada por los vídeos».

Los dos detenidos fueron puestos en libertad con cargos ese mismo día a las cuatro de la tarde. A raíz de la importancia que cobraba el suceso, los policías se dedicaron a «inflar» y «abultar los hechos» para «justificar las dos detenciones que habían practicado». Además, destruyeron el atestado original y el acta de las primeras comparecencias de los policías que participaron en el cordón de seguridad. Abrieron diligencias para dejar constancia de todos los documentos gráficos publicados que vinculaban a los detenidos con el suceso, y también para dejar constancia de que Bono había denunciado «empujones y puñetazos, uno de ellos en las costillas».