El presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, consideró ayer que el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas puede ser una medida «efectiva, práctica y eficaz» tras el alto el fuego de la banda y recordó que esta política penitenciaria «se ha usado en otros momentos y puede volverse a usar». Dívar hizo estas afirmaciones tras pronunciar una conferencia en la sesión inaugural de las segundas jornadas periodísticas 'Informar en Justicia', organizadas en Bilbao por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la colaboración de la UPV y la Asociación de Periodistas vasca.

Aunque no quiso entrar a valorar el proceso de paz abierto tras la declaración de ETA del pasado 22 de marzo, Dívar, que centró su intervención en la jurisdicción internacional de la Audiencia Nacional, sí habló en el turno de preguntas de la función de los jueces en la actual situación política. Cuestionado sobre la conveniencia de que la legislación se adecúe al nuevo contexto, el magistrado precisó que se trata de materias «de carácter político» que no corresponde a la Justicia regular sino a los legisladores responsables de cambiar las leyes. Por ello, estimó que cuando los representantes de partidos e instituciones reclaman una especial sensibilidad o flexibilidad a los tribunales en la interpretación de las leyes ante el proceso de paz les están pidiendo que «prevariquen».

«Los jueces no podemos hacer que el Estado de Derecho deje de funcionar», subrayó Dívar, que recordó que los políticos «funcionan en otro orden distinto» al de la Judicatura. No obstante, el presidente de la Audiencia Nacional aludió al título preliminar del Código Civil para recordar que en un Estado de Derecho también las leyes se aplican «según la realidad social del tiempo en que la norma ha de ser aplicada».Y por ello abogó también por «tener en cuenta» esa realidad social, pero atribuyó la iniciativa al legislador a la hora de proponer reformas y no a los jueces «al dictar sentencia». «El juez no puede dictar una sentencia de manera distinta a como le dicta el derecho y su conciencia y tiene que tener siempre en cuenta el espectro de la verdad», zanjó Dívar, que subrayó en cualquier caso que los tribunales deben aplicar «siempre» la ley.

Tribunal «especializado»

También se refirió al papel del órgano que preside y a las críticas que ha recibido y recibe por parte sobre todo del mundo abertzale, que en su opinión responden a intereses «políticos y partidistas». Así, recalcó que aunque la Audiencia Nacional juzgue asuntos de especial controversia no es un tribunal «especial» ni «de excepción» sino un tribunal «ordinario especializado» y recordó que así ha sido reconocido por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Reconoció que en el momento de su creación «hubo quien pensó» que venía a sustituir a los tribunales de orden público franquistas pero consideró que con su trayectoria ha demostrado que han desaparecido «los tribunales de excepción que enjuiciaban el pensamiento».

Sobre la jurisdicción internacional de la Audiencia, Dívar opinó que queda limitada en la práctica y sin «posibilidades de éxito» porque los jueces de este tribunal «no podemos convertirnos en gendarmes jurídicos» de los derechos humanos en otros países, por los problemas diplomáticos y económicos que eso conllevaría.