Mariano Rajoy entiende que el presidente del Gobierno debe destituir al actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso, por su condición de titular de Interior en la época en la que se produjo la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular que motivó ayer la condena a penas de cárcel impuesta a tres policías por la Audiencia Provincial de Madrid.

Inmediatamente después de conocerse la decisión judicial, el líder del PP afirmó que espera que José Luis Rodríguez Zapatero «actúe cesando a los responsables de este desaguisado, de este atropello y de este acto claramente antidemocrático declarado como tal por los tribunales de justicia». Más adelante, Rajoy fue más preciso al señalar que el «responsable político es el ministro de Interior en aquel momento».

El líder de la oposición hizo público su propósito de forzar a Zapatero a tomar una postura en el pleno del Congreso sobre un asunto que, en su opinión, no tiene precedente alguno en la democracia española: «Es la primera vez en la historia que se produce una detención ilegal de militantes de un partido político», proclamó Rajoy, para quien es «evidente» que «hay un caso de responsabilidad política que yo voy a llevar» a sede parlamentaria. El máximo responsable del PP hizo este anuncio horas antes de producirse la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, una renuncia exigida desde el primer momento tanto por su partido como por el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz.

En la misma línea se expresó el secretario general del PP: «Esto no puede quedar en la condena a los policías», afirmó Ángel Acebes también antes de conocerse la dimisión de Constantino Méndez. Acebes afirmó que los policías condenados «respondían a órdenes superiores» y acusó al mismo tiempo al delegado del Gobierno como a Alonso de haber «mentido» al afirmar que existían pruebas suficientes para proceder a la detención de los militantes del partido opositor como autores de una agresión al ex ministro de Defensa, José Bono.

Horas después, el secretario de Comunicación del PP de Madrid, Francisco Huemes, comentó la renuncia del delegado del Gobierno, que le pareció que llegó con retraso.«Ya estaba tardando en dimitir», dijo. De hecho, señaló que debería haberlo hecho cuando el procedimiento judicial estaba en marcha.

Por su parte, el presidente de la AVT, asociación organizadora de la marcha en la que fueron detenidos los dos militantes del PP, valoró todo este asunto en términos similares a los empleados por el primer partido de la oposición y reclamó al Gobierno socialista que «tengan la valentía de reconocer los errores cometidos y pidan disculpas públicamente» por sus declaraciones en los días posteriores a los arrestos.