Sólo 261 funcionarios del Estado, sobre una plantilla de más de medio millón de personas, han pedido el recién creado permiso de paternidad de diez días en su primer trimestre de vigencia. El plan de conciliación de la vida familiar y laboral que el Gobierno aprobó a finales del año pasado ha beneficiado a 2.703 empleados públicos, de los que dos de cada tres eran mujeres.

«La Administración no es ajena a la realidad del conjunto de la sociedad», se lamentó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para mostrar su preocupación ante el relativo desinterés masculino por el proyecto. Las mujeres, según explicó, representan más del 50% de la plantilla de la Administración General del Estado, pero son muy pocas las que ocupan altos cargos. El Plan Concilia, a su juicio, ayudará a dar la vuelta a esta situación, aunque advirtió que habrá que dar «mayores pasos» en el futuro.

Sevilla consideró imprescindible desterrar la idea de que contratar a una mujer es más caro que a un hombre por los permisos que se va a tomar. Pero también subrayó que es necesario eliminar los prejuicios que pueden tener las propias trabajadoras y la sociedad. Así, reveló que había ofrecido una dirección general de su departamento a una mujer que dio a luz este sábado. Ella rechazó el puesto, convencida de que su entorno laboral no aceptaría que se tomase el permiso de maternidad sin siquiera haber tomado posesión del cargo.

Apenas uno de cada 50 potenciales beneficiarios del plan ha aprovechado alguno de sus permisos y reducciones de jornada. La mitad de ellos tenían una edad comprendida entre los 35 y 45 años. Los ministerios que más ventajas han concedido son los que tienen mayor cantidad de empleados civiles y de mujeres jóvenes, es decir, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Administraciones Públicas.

La mayoría de las peticiones se han producido en Madrid, al ser la comunidad que concentra más empleados del Estado -en Euskadi, por ejemplo, son 5.546, apenas el 1% del total-. El ministro apuntó, sin embargo, que muchas autonomías y ayuntamientos han recogido el guante y preparan su propios planes de conciliación.

Cuidar a los niños

La medida más demandada, con mucha diferencia (1.749 peticiones), ha sido la reducción de jornada laboral para cuidar a menores de 12 años. Por detrás quedó la ampliación del permiso de maternidad a cuatro semanas, que recibió uno de cada diez requerimientos (318). En menor medida, destacaron los traslados por razones de salud (123) y la reducción de jornada por guarda legal (108).

El ministro hizo hincapié en que no se trata de un privilegio para los funcionarios, sino de un adelanto de lo que el Gobierno quiere extender a todos los trabajadores a través de la futura Ley de Igualdad, que en estos momentos debaten los grupos parlamentarios. En este sentido, quitó importancia a las quejas contra el proyecto. La conciliación, a su entender, se ha convertido en una «bola de nieve imparable» y las compañías no podrán permanecer impasibles al «grito» de la sociedad.

Ante las críticas de los empresarios a la citada ley, se mostró convencido de que, dada la demanda social, la negociación colectiva será una vía fructífera para aprobar planes de igualdad y señaló que «no todo el mundo opina como algunos dirigentes de la CEOE». Con todo, se mostró a favor de adoptar la medida a través de la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos, y no mediante la imposición legal.