El ascensor que une el barrio de Arangoiti con Deusto permanece cerrado ocho horas al día desde el pasado viernes «por falta de personal». Un portavoz de la empresa adjudicataria, Fincas y Servicios S.A., aseguró ayer que se ha visto «obligada» a paralizar el funcionamiento del elevador de 11 a 15.00 horas y de 19 a 23.00 -el horario es de siete de la mañana a once de la noche-, debido a que dos de los tres empleados «abandonaron el viernes su puesto de ascensorista sin avisar». No obstante, la empresa espera poder restablecer el servicio en un plazo de tres o cuatro días. «El tiempo justo de encontrar a dos personas que sustituyan a los empleados que se han ido», explicaron las mismas fuentes.

Mientras la concesionaria resuelve el conflicto laboral, los grandes perjudicados son los 2.700 vecinos que usan a diario el elevador y que «de la noche a la mañana» se han visto «desatendidos» y «aislados». Los usuarios insistieron ayer en que la paralización del ascensor les ha dejado «incomunicados en las horas punta del día» y exigieron a las instituciones competentes que «rescaten de una vez por todas la concesión administrativa» y «hagan público el servicio». «Lo que está pasando es indecente», protestaba una vecina. La alternativa para bajar o subir al barrio de Arangoiti sin utilizar el elevador -28 céntimos viaje-, es coger el coche, el autobús o una larga y empinada caminata de más de un kilómetro.

Durante 99 años

El debate sobre quién debe gestionar el ascensor viene de lejos y a día de hoy todavía no se ha resuelto. La concesión del servicio se otorgó en 1954 a Fincas y Administraciones por un periodo de 99 años, aunque la explotación del ascensor se inició en 1962. Según la empresa adjudicataria, el elevador nunca ha sido rentable «porque su única fuente de ingresos es la venta de billetes, cuyos precios son públicos y están establecidos por la administración, de ahí que sea a nosotros mismos a quién más le interesa que el Gobierno vasco recupere la concesión. Ingresamos 96.000 euros al año y con ese dinero tenemos que afrontar a todos los gastos. Es económicamente inviable»

La empresa lleva tres años negociando la posible recuperación de la concesión con el Departamento vasco de Transportes, pero no llegan a un acuerdo. La compañía reclama al Gobierno autonómico el precio de las instalaciones -valoradas en 844.000 euros-, mientras que la «última y definitiva» oferta del ejecutivo es de 300.000 euros. «Agotada la vía económica», el departamento dirigido por Nuria López de Guereñu, señaló ayer que está «estudiando vías alternativas para recuperar la concesión».

Populares y socialistas criticaron ayer la «lamentable situación» en que se encuentran las instalaciones y exigieron tanto al Ayuntamiento como al Gobierno vasco que intervengan «de inmediato».