Está claro que las empresas de exhibición cinematográfica sufren por la evidente contradicción de un negocio que en nuestro país es industrial pero también cultural. De hecho, si por un lado sufren los abusos oligopolistas de las 'majors' hollywoodenses, por otro tienen que aceptar las medidas proteccionistas arbitradas por un sistema autárquico que les impone cuotas de proyección obligatorias para las películas españolas y europeas.

Además, mientras la crueldad del libre mercado les condiciona su programación y sus ingresos, también las administraciones locales y regionales les hacen la competencia con proyecciones públicas. Encima, y para completar un escenario lleno de problemas y contradicciones, tampoco se puede olvidar la coyuntura de un sector caracterizado por la caída en la cifra de espectadores, lo cual tiene mucho que ver con la piratería y con la rapidez en la aparición de las películas en formato DVD.

Obviamente, todo lo anterior no justifica las contradicciones específicas de unos exhibidores que por una parte demandan a las 'majors' hollywoodenses, mientras que por otra aceleran la retirada en la cartelera de películas españoles o se muestran contrarios a cualquier cuota de pantalla. En todo caso, y si los poderes públicos pretenden que los exhibidores asuman también el concepto del cine como bien cultural y no sólo industrial, lo más lógico es que fueran tan protegidos y subvencionados como los productores.