La operación lanzada ayer por la Policía ocupando las instalaciones de Afinsa y Fórum Filatélico para investigar los extremos de una supuesta estafa a gran escala ha vuelto a poner en entredicho la seguridad jurídica de este tipo de inversiones en bienes tangibles, que no cuentan con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos ni el de Garantía de Inversiones. La existencia de una presunta estafa de tipo piramidal era una amenaza latente que estaba siendo inspeccionada desde hacía tres años por la Agencia Tributaria, hasta que ayer la Fiscalía Anticorrupción, que ve claros indicios de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental, desató la 'operación Atrio'. Las empresas investigadas disponen de sedes sociales en las principales ciudades españolas, cuentan con cientos de empleados y acumulan más de 25 años de actividad. Y, sin embargo, es ahora cuando muchos expertos hablan de la imposibilidad de que un negocio basado en la compra de sellos pudiese ofrecer rentabilidades muy superiores a las del mercado -hasta el 6%-, asegurando la revalorización del propio activo. Es más, ni siquiera habría en el mercado sellos con valor filatélico suficiente para cubrir la cantidad aportada por sus 350.000 inversores.

Coincidiendo con la actuación policial, la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, a la que pertenecen las empresas intervenidas, recordaba que la legislación vigente -la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva- obliga a realizar estrictas auditorías anuales y la propia Fórum Filatélico subrayaba que está conceptuada como una de las mejores empresas españolas de 2005 y que su «excelente salud» le permite hacer frente a los compromisos adquiridos. No es de extrañar la incertidumbre que atenaza a las miles de personas que han invertido sus ahorros en estos productos .

Sin evaluar el perjuicio de la supuesta estafa desvelada ayer, los 500 millones de euros perdidos, en su mayoría por pequeños ahorradores, en los principales escándalos económicos sucedidos en España en los últimos 25 años -Gescartera, Eurobank, Brokers o Fidecaya, entre otros- ponen en cuestión los mecanismos de regulación y las iniciativas de control existentes en nuestro país. La gravedad de los cargos, el gran número de afectados y su propia condición son razones suficientes para que, junto a una actuación diligente y precisa de la Justicia, se extremen las medidas de asesoría y apoyo a los cientos de miles de ciudadanos perjudicados. Un paso previo hacia lo que sin duda debe ser una actuación más eficaz de prevención.