El plan de paz del Gobierno vasco fue remitido ayer formalmente por la Mesa del Parlamento a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara con el formato de «comunicación» del Ejecutivo, lo que en la práctica significa que los grupos podrán hacer sus aportaciones o planteamientos de fondo a través de propuestas de resolución, pero no enmendar el texto.

El trámite de este tipo de iniciativas, recogido en los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara, prevé que sea el propio lehendakari quien intervenga en primer lugar para presentar la iniciativa, aunque también otorga esta potestad a los miembros de su Gobierno designados al efecto. En este caso, y pese al empaque que Juan José Ibarretxe dio a la presentación pública del documento, no será él en persona quien lo defienda ante la comisión. La tarea recaerá en distintos representantes del Ejecutivo, dada la extensión del plan de paz, según confirmaron fuentes de Lehendakaritza a la agencia Vasco Press.

El debate en comisión, teniendo en cuenta los tiempos, se anuncia prolongado. Concluida la exposición del Gobierno, los representantes de los grupos contarán con veinte minutos para plantear preguntas o aclaraciones. A continuación, el Ejecutivo podrá contestar sin límite de tiempo y después los grupos dispondrán de otros diez minutos en el turno de réplica. Por último, cada propuesta de resolución presentada podrá ser defendida durante diez minutos, con sus correspondientes turnos en contra, y finalmente votada.

Ayer, el PP fue el único que en la reunión de la Mesa -a través de su representante en este órgano, Carmelo Barrio- expresó sus «reservas» a la remisión del plan a la comisión que preside Iñigo Urkullu. Los populares cuestionan la idoneidad de que sea el grupo de trabajo de Derechos Humanos el que analice un texto que, en su opinión, «confunde y mezcla muchas cosas» al aludir igualmente a víctimas, presos o a la Ley de Partidos. El grupo parlamentario popular exige que se celebre primero el Pleno monográfico sobre víctimas previsto en los acuerdos de febrero de 2005 para forzar al Ejecutivo a «rendir cuentas de sus incumplimientos» en esta materia y no presentarlos en cambio como «grandes promesas» contenidas en el plan de paz.

El PSE también insiste en que el documento es un «cajón de sastre» en el que caben medidas en favor de los damnificados por ETA ya debatidas y aprobadas por unanimidad en la Cámara. Por ello, y con la intención de evitar que el debate sirva para «escenificar discrepancias» ya conocidas, buscará «un acuerdo» que permita derivar estas propuestas a la ponencia de víctimas.