El 1 de julio, el Estatuto de los Trabajadores modificará varios de sus artículos para reducir la temporalidad laboral y promocionar el empleo estable. Los cambios son el fruto de una nueva reforma laboral consensuada entre el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CC OO y UGT, suscrita ayer en el Palacio de La Moncloa, donde el presidente José Luis Rodríguez Zapatero calificó el acuerdo de «histórico». «No nace para responder a una situación de crisis, sino para prolongar y ampliar la buena evolución de la economía española», subrayó.
Los aspectos más destacables del pacto se refieren a la rebaja de cotizaciones empresariales al desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con mejora de las prestaciones para los trabajadores; la incentivación de la contratación indefinida -que implica abaratamiento del despido en algunos casos-, y la transformación en fijos de los contratos temporales encadenados durante más de dos años.
El Ejecutivo dio al acto rango de acontecimiento, pese a que el acuerdo ha sido considerado por algunos de sus protagonistas como «de mínimos». A La Moncloa se trasladaron los máximos responsables de las organizaciones empresariales -José María Cuevas y Jesús Bárcenas- y de las centrales -José María Fidalgo y Cándido Méndez-, junto con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Los cinco firmaron el acta del pacto, en presencia de Zapatero, y dejaron la rúbrica del documento de la reforma a sus negociadores.
Todos los interlocutores se mostraron satisfechos por el consenso. No obstante, reconocieron que su éxito depende de que vaya acompañado de otras medidas, que sobrepasen el mercado de trabajo, que establezcan un sistema productivo basado en la inversión, nuevas tecnologías e innovación.
«Intenta»
Como prueba de que el pacto por sí solo es insuficiente, Fidalgo utilizó durante todo su discurso la palabra «intenta», consciente de que sin la colaboración del Gobierno y de los empresarios será muy difícil que la reforma dé los frutos esperados. Para Méndez, se trata de «un instrumento útil», inscrito «dentro de una serie de medidas que deben repercutir en el crecimiento económico». El presidente de la CEOE advirtió de que su organización seguirá con atención el desarrollo de la reforma para «evaluar su impacto en el empleo y en la competitividad» y adoptar, «si fuera necesario, medidas complementarias».
Cuevas fue la única voz que, si bien valoró el acuerdo, lanzó críticas contra el Gobierno. Explicó que las normas que cuentan con consenso son «más fructíferas» que las aplicadas en medio de la «confrontación», y lamentó que la Ley de Igualdad no cuente con el beneplácito de las patronales y sus asociados. También aseguró que la reforma laboral no regala nada a los empresarios. Indicó que las ayudas que concede a los empleadores proceden de las cotizaciones que éstos pagan. En este punto, se dirigió con cierto humor al vicepresidente económico, Pedro Solbes, presente en el acto, a quien recriminó que las arcas públicas hayan permanecido cerradas ante la reforma.
La alegría de Solbes
Posteriormente, Zapatero, en el mismo tono que el responsable de CEOE, también se refirió a su vicepresidente. Alabó los avances socioeconómicos logrados en la primera mitad de la presente legislatura, con superávit de las cuentas del Estado, y la labor de Pedro Solbes «que, como hemos conocido» -en alusión a las palabras de Cuevas- «no pone nada» en esta reforma. «Ya le veía yo una cara de satisfacción muy notable cuando se firmaba el acuerdo», bromeó.
El jefe del Gobierno instó a los presentes a comprometerse en el cumplimiento de los cambios para obtener los mejores resultados posibles del largo periodo de crecimiento que «estamos experimentando, que se va a mantener e incluso puede mejorar». Informó que otros gobiernos le han preguntado por la clave del crecimiento económico en España y él ha respondido que «se explica en la actitud ejemplar de sindicatos y empresarios».
El ministro de Trabajo, cuya intervención precedió a la de Zapatero, aseguró que la reforma laboral «huye de recetas de laboratorio concebidas a espaldas de los agentes sociales». «Es coherente, equilibrada y combina flexibilidad y seguridad», dijo. «Además, el diálogo social produce un efecto positivo y, por encima de todo, es un componente esencial de la cohesión democrática que es, por cierto, tan importante como la cohesión social», concluyó.