La Audiencia Provincial ha impuesto una condena de tres años de cárcel, por un delito de tráfico de drogas, a una pareja colombiana que utilizaba su domicilio de Calahorra para llevar a cabo la compraventa de sustancias estupefacientes.

El representante del ministerio público, que en principio solicitaba una pena de cuatro años para cada procesado, modificó su inicial escrito de calificación y rebajó un año la petición fiscal al estimar que concurría en los acusados la atenuante de drogadicción, así como un leve retraso mental acreditado a través de los informes de los peritos médicos.

Los hechos sentenciados se remontan al primer trimestre de 2003, cuando agentes del equipo de Delincuencia Organizada Antidroga de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que al domicilio de los acusados acudían personas que inicialmente pasaban de largo ante el portal, luego observaban la calle y finalmente daban la vuelta para a continuación llamar al portero automático y subir al piso de los encausados en el que permanecían entre cinco y diez minutos.

Esta circunstancia, que se repetía de manera especial durante el fin de semana, motivó que por auto de 28 de marzo de 2003 se interviniera -desde el 31 de marzo al 14 de abril- el teléfono móvil que utilizaban los procesados. Estas escuchas confirmaron que la pareja se dedicaba a la venta de cocaína y también provocaron que un día después se practicara un registro en el piso de ambos acusados donde los agentes encontraron, en distintas dependencias, bolsitas con cocaína, comprimidos de amoxicilina, bolsitas y alambres para cerrarlas.

La sustancia intervenida tenía una pureza de 68,4% y, vendida en dosis, se podría haber obtenido un contravalor de 3.588 euros.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño sienta mañana en el banquillo a un hombre para el que la Fiscalía formula en su escrito de acusación una pena de dos años por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otra de un año por un delito de apropiación indebida.

El encausado, que desde finales de 2001 prestaba servicios de asesoramiento técnico en materia vitivinícola para la explotación de una bodega situada en Tenerife, se quedó con distintas cantidades que la empresa le remitió para comprar vino a Bodegas Marqués de Riscal y para adquirir a un familiar del acusado quince barricas de roble francés.

Igualmente se quedó, según refiere el fiscal en su escrito, con 5.100 euros que el encausado había solicitado a su bodega para la adquisición de un equipo de frío. Al solicitársele la factura de esta compra el acusado remitió una supuestamente expedida por una mercantil de Berantevilla, que no responde a operación alguna