Raquel Romero y Pedro Zabala, del grupo local de Amnistía Internacional en La Rioja, expusieron ayer, en el Foro Santos Ochoa-Fundación CAN, el documento 'Víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista: El desastre de los archivos y la privatización de la verdad'. Raquel Romero explicó que este informe sigue al publicado el pasado 18 de julio de 2005 por Amnistía Internacional «en el que se pedía al Gobierno que se tomaran medidas para la recuperación de la memoria histórica y para conceder ayudas a las familias para poder exhumar los cadáveres de los que fueron asesinados durante la Guerra Civil».

Asimismo en septiembre de 2004 se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, «pero las conclusiones de los trabajos de esta comisión se han ido retrasando, porque debían haber estado terminados en 2005». Además, indicó que esta Comisión debe elaborar un «proyecto de ley de solidaridad con las víctimas del régimen franquista».

Desapariciones forzosas

Romero apuntó que el documento aborda «las desapariciones forzosas y la creación por parte de Naciones Unidas de un Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias». Romero aseguró que «en 2002 este grupo pidió al Gobierno español que hiciera un informe en el que expusiese cómo iba a investigar estas desapariciones, pero a fecha de diciembre de 2005 no ha recibido ninguno».

Este nuevo documento recoge también algunas conclusiones y recomendaciones que se hacen desde la propia organización «para esclarecer estos asuntos; desde medidas para preservar los archivos, al reconocimiento de que el Gobierno español privó de ciertos recursos a ciertas víctimas». Romero subrayó que «hubo víctimas en los dos bandos, pero en 1940 sí hubo un reconocimiento expreso de las víctimas de un bando; hubo una ley que reconocía a las víctimas del bando ganador, mientras que las otras fueron negadas, y sigue habiendo muertos en las cunetas».