Junta de gobierno y delegados sindicales mantienen abierto el frente que convierte en polémica la reclasificación de los integrantes de la plantilla policial de la ciudad. La cúpula municipal respondió a la propuesta de la Jefatura jarrera con una contraoferta y ésta, reconocieron los sindicatos, sigue sin contentar a la plantilla de funcionarios.

A fin de cuentas, entre su posición y la del Consistorio sigue existiendo una diferencia esencial: la interpretación de la Ley de Coordinación de Policías Locales aprobada por el Parlamento riojano, a la que se acogen los trabajadores, y la de Función Pública, que consideran de rango superior los munícipes.

En ese contexto, los planteamientos defendidos por una y otra parte median entre la oferta formulada por la Policía que reclama la reclasificación del grupo D al C para todos los agentes, tengan o no la titulación, asumiendo la mitad de la repercusión económica el primer año y la totalidad a partir del siguiente; y la alternativa puesta sobre la mesa por la delegación municipal que integraban José Ignacio Asenjo y José Ángel Cámara: reclasificación automática con fecha 1 de enero de 2006 para todos los policías que posean la titulación correspondiente, y para el resto cuando la obtengan tras la realización de uno de los cursos programados por la Comunidad Autónoma que el Ayuntamiento jarrero ha solicitado para este mismo año. Hasta entonces, sólo concederán a este grupo las retribuciones complementarias del grupo C, pero no las básicas porque, según apuntó Asenjo, «el equipo de gobierno quiere ser escrupuloso con la Ley».

Los sindicatos consideran que este planteamiento es «incoherente e ilegal», al considerar que la propia Ley de la Función Pública libera a los funcionarios con más de diez años de servicio del requisito de titulación y al advertir que el texto de la nueva Ley de la Cámara riojana «evita que haya agravios comparativos entre unos y otros funcionarios».