El dirigente vizcaíno ha recordado que los decretos normativos que establecieron el tipo del Impuesto de Sociedades en el 32,6% contaron en las Juntas Generales de Vizcaya con el respaldo de 48 de los 51 apoderados, "es decir, obtuvo un respaldo, no de mayoría absoluta, sino de práctica unanimidad". Por eso denunció, en referencia al PP, la "doble cara" de determinados partidos que "aprueban aquí la normativa" pero luego, mediante "la alianza que mantienen con ciertos sectores de la judicatura, son los que están tumbando y rompiendo la bilateralidad y el amparo constitucional a los derechos históricos de los territorios forales".
En esta línea, consideró a sectores de la judicatura, que no identificó, como "brazo ejecutor de las políticas de derribo del autogobierno vasco. A todos se nos llena la boca diciendo que el Concierto es una pilar del autogobierno -dijo-, pues cuando se actúa contra él se actúa contra el autogobierno". Aseguró que esta "alianza" no afecta únicamente al terreno fiscal, sino que la extendió a la OPA de Endesa, la anulación de la norma que regula el peaje en la A-8 o la suspensión de la normativa sobre la restricción de la circulación de camiones en festivos por el País Vasco.
Bilbao insiste en que las administraciones fiscales vascas no mantienen ningún pleito con el Estado, sino que son la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja o las federaciones empresariales de comunidades colindantes las que promueven las demandas. El máximo dirigente vizcaíno anunció, en sus declaraciones a los periodistas, que la Diputación de este territorio va a ejercer todas las acciones posibles en el ámbito jurisdiccional "para defender lo que creemos que es justo, lo que han aprobado 48 de los 51 miembros de las Juntas Generales de Vizcaya".
Previamente, en su intervención ante los invitados al acto de conmemoración del XXV aniversario de la aprobación del Concierto Económico, recordó que esta norma recogía el "principio de bilateralidad" en las relaciones financiero tributarias entre el País Vasco y el Estado, que "se ha roto".
"Desde la segunda guerra carlista"
Bilbao, que dio expresamente la bienvenida al acto al presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y a la fiscal jefe de esta misma sala, Angeles Montes, señaló que la "ruptura" de ese "principio básico" coloca al País Vasco ante "un conflicto político que sigue sin resolver desde el siglo XIX", cuando tras la segunda guerra carlista se suspendieron los fueros.
Recordó también que la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2004, que anuló los tipos fijados en los territorios vascos, supuso "una gran quiebra del sistema", debido a la "materialización de un desamparo constitucional" en relación a los derechos históricos y la ruptura del "principio básico de bilateralidad". Opinó que los partidos e instituciones vascas tienen el reto de "blindar la normativa foral" y, aunque reconoció que esto es algo que todos admiten, lamentó que no se trabaje más en ello.
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