El Gobierno anunció ayer que aumentará los controles sobre las sociedades cuyo negocio es invertir en el sector de bienes tangibles. Para ello, modificará la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada en 2003, para incluir en esta categoría a las empresas de ese tipo, lo que supondría considerar activos financieros a los sellos, monedas y billetes, antigüedades y obras de arte en general. Las asociaciones de consumidores apoyan esa extensión de la normativa para tener una seguridad mayor. De hecho, con la norma en vigor en la mano, los más de 350.000 afectados por el presunto fraude millonario de Fórum Filatélico y Afinsa no tienen asegurada la devolución de sus ahorros, ya que no están protegidos por ningún fondo de garantía como los establecidos para los productos de bancos y cajas, firmas de Bolsa o aseguradoras.

José Luis Rodríguez Zapatero transmitió «un mensaje de confianza y tranquilidad» a los clientes de Fambas empresas, a quienes subrayó que «la Justicia y todas las administraciones públicas trabajan para garantizar al máximo los derechos e intereses de los inversores». Sin embargo, el presidente del Ejecutivo no aclaró si el Estado se hará cargo, al menos parcialmente, de la restitución del dinero confiado a esas compañías si ellas son incapaces de devolverlo en su integridad a los ahorradores que confiaron en ellas. En este sentido, apuntó que será la Audiencia Nacional la que determine «el alcance de la estafa» y que «la capacidad de solvencia» de las firmas «resultará determinante» de cara a la posible recuperación de parte de las inversiones.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió al Gobierno que «no deje tirados» a los inversores de ambos grupos, como «no dejó tirados a los de la PSV» -la cooperativa de viviendas de UGT-; y le acusó de «no haber hecho nada» hasta ahora para proteger mejor a los clientes de ese tipo de sociedades.

Favorecer el engaño

La directora general de Consumo, Ángeles Heras, confirmó que el Ministerio de Economía y Hacienda «trabaja ya» en ver cómo se pueden regular los bienes tangibles como productos financieros. Las disposiciones vigentes -entre ellas, la normativa general sobre bienes de consumo- han resultado insuficientes para garantizar los derechos de los ciudadanos. Entre las pocas obligaciones de esas sociedades están la de auditar sus cuentas anuales, ofrecer esta información a sus clientes, con los que deben tener un contrato escrito, y remitir una copia a las autoridades administrativas.

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) acusó ayer al Ministerio de Sanidad y Consumo de haber hecho dejación de sus funciones de control y supervisión, y de no evitar la «laguna legal» que ha favorecido el «engaño» a los clientes de Fórum Filatélico y Afinsa. Su delegado en el País Vasco, Aitor Beldarrain, subrayó la necesidad de regular unos mercados cuyos clientes «han estado en la más absoluta desprotección». Además, Ausbanc pidió la creación de un fondo para pagar a los inversores estafados en el caso de que las empresas no puedan devolverles el dinero.

El Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha convocado hoy a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial, de la que espera obtener una respuesta común para ayudar a los afectados.