Más de la mitad de la actual plantilla de Babcock España, una cifra superior a los 200 trabajadores de la compañía, ha formalizado ya los trámites burocráticos para iniciar un proceso judicial en el que demanda su retorno al sector sector público estatal. Así lo confirmaron ayer los representantes legales de este colectivo, un despacho de abogados de Barakaldo, que ya ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dé la razón en varias demandas similares resueltas hace algunas semanas.

La cifra de reclamaciones judiciales se incrementará previsiblemente en los próximos días, ya que se ha establecido de plazo hasta mañana para realizar los trámites de las demandas que, al menos inicialmente, tendrán carácter individual.

Los trabajadores pedirán a los jueces que les concedan la posibilidad de retornar a la plantilla del grupo público Sepi, que abandonaron a finales de 2001, cuando la antigua Babcock & Wilcox fue vendida por el Gobierno español a Babcock Borsig.

El argumento jurídico que va a esgrimir este amplio colectivo de trabajadores es que a pesar de la privatización, ha sido la Sepi quien realmente ha dirigido y sostenido financieramente la compañía, en especial desde mediados de 2002, cuando la empresa alemana Borsig entró en quiebra.

Por otra parte, los trabajadores celebrarán hoy una asamblea, para decidir un nuevo calendario de movilizaciones. Con ellas pretenden presionar al Gobierno central para que aumente las garantías de tutela sobre la empresa.