El Gobierno vasco ha solicitado a la Administración central que estudie la creación de un fondo económico para compensar a los afectados por la supuesta estafa cometida por Fórum Filatélico y Afinsa. Esa petición fue efectuada ayer por el director de Consumo del Ejecutivo autónomo, Rubén Mendiola, durante la reunión que responsables del Ministerio de Sanidad celebraron en Madrid con las comunidades.

Según explicó a este periódico el viceconsejero de Comercio, Rodrigo García, el representante vasco fue el único de los participantes que planteó la necesidad de analizar la puesta en marcha de un mecanismo de compensación a los 350.000 clientes de las sociedades intervenidas si finalmente se declara su insolvencia para devolver el dinero que le confiaron los inversores. Este tipo de entidades no están cubiertas por ningún fondo de garantía al no estar controladas por órganos reguladores. García explicó que los responsables del ministerio «no mostraron mayor interés» y que no se adoptó acuerdo alguno.

El vicepresidente Pedro Solbes se pronunció ayer en contra de la creación de un depósito de ese tipo. «No es lógico» que el Estado «cree fondos para cualquier actividad privada que no obtenga los resultado esperados», señaló. Con todo, aclaró que esa negativa es compatible con ofrecer ayuda a los afectados.

Unos 20.000 afectados

Más allá de ese asunto, la reunión con las autonomías no deparó grandes novedades. No se aportaron datos concretos sobre el alcance de la supuesta estafa. En Euskadi, según las primeras estimaciones , los afectados superan los 20.000. Lo que nadie se atreve a calcular -el Ejecutivo autónomo y las asociaciones de consumidores coinciden en que es «prácticamente imposible saberlo aún»- es la cantidad confiada por los inversores vascos a las dos empresas intervenidas. Algunos medios apuntan que podría situarse en torno a los 600 millones de euros.

Los representantes de las comunidades y de la Administración central coincidieron en la necesidad de modificar la actual normativa sobre bienes tangibles para evitar un nuevo fraude y dotar de mayores garantías a los ciudadanos que inviertan en ese tipo de productos.

Según explicó el viceconsejero de Consumo, en ese punto las responsables regionales reprocharon al Gobierno lo insuficiente de la actual legislación y le trasladaron su malestar por el hecho de asegurar que eran las comunidades las responsables de controlar la actividad de las sociedades intervenidas. En concreto, el Ejecutivo vasco acusó a Madrid de «desviar las responsabilidades» de control a las administraciones autonómicas. Los representantes autonómicos acordaron que la defensa de los afectados sea colectiva y se realice a través de las asociaciones de consumidores, tal y como decidió el martes el Gobierno vasco.