El diputado general de Vizcaya echó ayer un poco más de 'gasolina' al 'incendio' que rodea al Impuesto de Sociedades del País Vasco. José Luis Bilbao aseguró que el auto dictado el miércoles por el Tribunal Superior de Justicia en el que suspende de nuevo ese tributo de forma cautelar tiene una raíz política. «Un sector de la judicatura, en alianza estratégica con el PP, está actuando como brazo ejecutor para derribar el autogobierno», proclamó en dos ocasiones tras asistir a un acto institucional para conmemorar los 25 años de vigencia del Concierto Económico. El responsable foral pronunció esas palabras a tan sólo unos metros del lugar donde se encontraban el presidente de la Sala de lo Contencioso, Juan Luis Ibarra, y la fiscal jefe, María Angeles Montes.

Según el dirigente nacionalista, la sentencia por la que el Supremo declaró ilegal el tipo de gravamen del 32,5%, y que ha generado una auténtica maraña de recursos y autos judiciales, «supuso la quiebra del principio básico de bilateralidad» entre las instituciones vascas y el Estado que recoge el Concierto. Aquella resolución, conocida a principios del pasado año, se basaba en que la fiscalidad aplicada a las empresas vascas era inferior a la vigente en el resto de España -el 35%- y constituía una ayuda de Estado. En su opinión, los fallos contra el Impuesto de Sociedades -el último considera que el 32,6% aprobado en diciembre incumple el veredicto del Alto Tribunal- no son un hecho aislado, sino que forman parte de la misma estrategia política que «las sentencias sobre la OPA de Endesa, las de la autopista A-8 (el pago de peajes) o la del tráfico de camiones».

Además, reiteró que la Diputación vizcaína no tiene en estos momentos «conflicto alguno con el Estado» y recordó que son dos comunidades dirigidas por el PP -La Rioja y Castilla-León- las que han presentado los recursos contra el impuesto.

Hablar y hacer

Bilbao lanzó también un mensaje muy crítico hacia los responsables de su partido y del tripartito por el olvido en el que han dejado la iniciativa de la Diputación vizcaína ante el Parlamento vasco para iniciar el blindaje de las normas forales. «Hace siete meses que comparecí en el Parlamento para presentarla y al día de hoy no tenemos ni noticia de que se ha hecho», lamentó. «Todo el mundo dice que hay que blindar la normas, pero además de hablar hay que hacer».

En la misma longitud de onda, el diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri, apuntó también a una supuesta intencionalidad política de los jueces de «poner lastre en el desarrollo normativo». «Hay determinados jueces que nos están diciendo que, si no hacemos lo mismo que los españoles, nos van a impugnar cada una de las decisiones».

La reacción no se hizo esperar. Los dos vocales del Consejo del Poder Judicial para el País Vasco, Juan Pablo González y Javier Martínez-Lázaro, coincidieron en exigir una rectificación a Bilbao al entender que sus declaraciones pueden constituir un delito. «Si no se produce esta rectificación -apuntó González, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- debería intervenir de forma contundente la Fiscalía General del Estado». Por su parte, Martínez Lázaro, representante de Jueces para la Democracia, pidió al responsable foral que respete «las reglas del Estado de derecho y los mínimos exigibles de la democracia». «Ha demostrado que además de gobernante quiere ser juez, y todo al mismo tiempo», censuró. El presidente de la APM, Antonio García, señaló la «sobresaliente gravedad» de las declaraciones del diputado general porque señalan directamente a los jueces como autores «de un delito de prevaricación».

El portavoz del PP en el País vasco, Leopoldo Barreda, rechazó las acusaciones de Bilbao, recordó que su partido aprobó el Concierto Económico y lo defiende, e ironizó sobre el «fino olfato judicial de Bilbao, que en cualquier terreno que pisa pierde, como en el 'caso Azpiegitura' y otras muchas sentencias en materia de función pública».

Por su parte, la Diputación alavesa, que recibió «con disgusto» la suspensión del impuesto, mantuvo una posición más moderada y anunció la inmediata presentación de un recurso de súplica. El diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, explicó que las instituciones forales creían que la subida del tipo de gravamen -del 32,5% al 32,6%- podía ser suficiente para conseguir un cierto periodo de estabilidad fiscal, criterio que no ha sido compartido por los tribunales.