El Tribunal de Justicia de la UE dejó ayer vista para sentencia la denuncia presentada por la Comisión Europea contra España por no haber recuperado las ayudas declaradas ilegales que las haciendas vascas concedieron a un centenar de empresas. Entre ellas figuran las denominadas 'vacaciones fiscales' -la exoneración del pago del Impuesto de Sociedades- y las ayudas de hasta el 45% otorgadas para inversiones estratégicas de hasta 15 millones de euros. Esos incentivos, vigentes entre 1993 y 1999, fueron anulados por Bruselas en 2001 al considerar que violaban la libre competencia y el Tratado de la Unión. En la vista oral, celebrada en Luxemburgo, el Ejecutivo comunitario insistió en que la Administración española ha incumplido su «obligación» de conseguir que las compañías beneficiadas devuelvan los recursos que obtuvieron. La representación del Estado se aferró a distintas interpretaciones sobre los plazos para cumplir ese trámite en un intento de echar abajo la acusación, que podría acabar con una fuerte sanción económica.

El caso llegó a la Corte el 19 de noviembre de 2003 al considerar la Comisión que Madrid no había hecho nada para atender sus exigencias: la supresión de esas normativas -entonces, en realidad, ya habían sido derogadas-, el reintegro de las ayudas concedidas y la comunicación a la Comisión, en el plazo de dos meses, de todas las medidas adoptadas para cumplir la decisión comunitaria.

En la vista oral de ayer, la expectación fue sensiblemente menor que en las celebradas por las subvenciones a las empresas Ramondín y Daewoo, cuando la gran sala del tribunal estaba repleta de público. Una decena de personas entre enviados del Gobierno vasco y de las diputaciones forales, y los letrados de la Comisión y del Reino de España -además de los cinco jueces, el relator y el secretario-, componían la asistencia de ayer.

«Unas 130»

La vista consumió apenas tres cuartos de hora. Comenzó tomando la palabra el letrado del Ejecutivo comunitario, que desgranó la argumentación ya conocida: las autoridades españolas no le han comunicado la adopción de medida alguna para cumplir esa resolución de 2001, ya que sólo han remitido «información incompleta, genérica y totalmente ambigua». Por ello, Bruselas no tiene constancia suficiente de que los regímenes fiscales en cuestión hayan sido derogados, ni de que hayan sido recuperado las ayudas ilegales, ni del número ni la identidad de las empresas que se beneficiaron de ellas, ni en qué cuantía lo hicieron. «Podrían ser unas 130» según algunas informaciones, «pero ninguna autoridad nos ha confirmado la cifra».

La abogada del Estado Nuria Díaz Abad llevó la defensa de las partes imputadas. Intentó demostrar que el plazo para cumplir el requerimiento no vencía el 13 de septiembre de 2001, como sostiene la Comisión, sino el 8 de octubre de 2002, según consta en un escrito remitido por la UE cinco días antes tras un intercambio de documentos entre ambas partes. Si convence al tribunal de la invalidez de la fecha en la que Bruselas ha basado su acusación, todo el recurso decaerá irremediablemente. El Ejecutivo comunitario sostiene que ese segundo plazo no anulaba el precedente, sino que lo ampliaba el tiempo concedido para responder a una solicitud de información sobre las medidas adoptadas para recuperar las ayudas.

La letrada argumentó también que la Comisión no había dado el seguimiento oportuno a un aspecto trascendental debatido el 18 de abril de 2002 con una representación de las autoridades vascas, que se desplazó en aquella fecha a Bruselas. Según explicó, en aquel encuentro, orientado a buscar soluciones al problema, la Comisión habló de las ayudas que serían asimilables a los regímenes legítimos, como las 'de minimis', las autorizadas a las 'pymes' y las que podrían ser contabilizadas con cargo a los mecanismos previstos en el mapa de ayudas regionales. No existía constancia pública hasta ayer de ese encuentro. El 10 de septiembre de ese año, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, se entrevistó con Mario Monti, entonces comisario de Competencia, para estudiar fórmulas para resolver la polémica.