Uno de los efectos más inmediatos de la reforma laboral, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, se producirá durante el segundo semestre del año a través de la utilización del denominado 'plan de choque'. La medida abrirá la puerta para que 400.000 contratos temporales se conviertan en fijos bonificados, según cuantificó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Además, adelantó que, pese a la financiación de los cambios que correrá a cargo de la Seguridad Social, el sistema terminará 2006 con un nuevo superávit, previsiblemente situado «un poquito por encima» del 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

El 'plan de choque' afectará a los contratos temporales suscritos con anterioridad al 1 de junio y terminará el próximo 31 de diciembre. Los empresarios que opten por la conversión recibirán 800 euros al año por traspaso, durante un periodo de tres ejercicios.

Respecto al coste de la reforma, el ministro rechazó ese término y habló de «una inversión» que reordena el destino de las cotizaciones empresariales y de trabajadores y recuperará con creces el importe utilizado al crear empleo de calidad. Confirmó que los cambios movilizarán unos 4.000 millones de euros al año. A los 2.700 millones utilizados actualmente para impulsar el empleo estable se sumarán 1.294, destinados principalmente a la reducción de cotizaciones empresariales y al aumento de las prestaciones de paro y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Esa segunda partida será en 2006 de 870 millones, puesto que sólo habrá seis meses de reforma.

Despido

Otras cifras desveladas por Caldera se refirieron al ahorro que los cambios suponen para los empresarios. La reducción de cotizaciones sociales, de manera general por el desempleo de los contratos indefinidos, y del Fogasa supondrá un abaratamiento de los costes laborales no salariales entre el 3 y el 4%, indicó.

Las declaraciones del ministro tuvieron lugar en un acto informativo organizado por la agencia Europa Press. En su intervención, el titular de Trabajo arremetió contra las voces que propugnan el abaratamiento del despido para conseguir un mercado laboral más estable. En la última década -señaló-, el coste de las indemnizaciones por despido «ha bajado en España un 27% en el primer año de contratación y un 60% si la relación laboral es larga». Afirmó que España está «por debajo de la media de los países miembros de la OCDE» en esa materia, y expuso su preocupación porque esa reducción no ha sido compensada con avances de la competitividad.

Igualmente resaltó que los empresarios se inclinan por suscribir contratos temporales que convierten en indefinidos con una indemnización por despido de 45 días por año, y se olvidan de realizar contratos fijos iniciales que conllevan un coste por la ruptura de la relación laboral más barato, de 33 días por año.