El PP de Bilbao acusó ayer al Gobierno municipal de «mirar hacia otro lado» en la lucha contra las pensiones ilegales y los 'pisos patera' que se reparten «por todo San Francisco». Según denunció su portavoz, Antonio Basagoiti, los vecinos habían denunciado continuos episodios de hacinamiento de personas y condiciones infrahumanas en repetidas ocasiones «sin que el Ayuntamiento interviniera en ninguno de los casos».

Basagoiti respondía de esta forma a las declaraciones que el alcalde, Iñaki Azkuna, realizó después de que tres personas perdieran la vida en el incendio declarado en la Posada de los Abrazos, situada en el número 34 de esta calle, en las que apeló a las comunidades de vecinos a denunciar este tipo de situaciones. «No podemos controlar a los que alquilan sus pisos porque forma parte del derecho civil y de la privacidad. En todo caso, serán los residentes los que tendrán que actuar», expresó entonces el primer edil.

El portavoz popular criticó la postura consistorial y reconoció «no entender cómo, con todas las quejas que se han recibido, no se ha hecho nada». En concreto, señaló la existencia de tres denuncias de los vecinos ante el Registro oficial del Ayuntamiento previas al incidente, datadas desde mayo de 2002 hasta octubre de 2005, y dos a posteriori, una del 22 de marzo y otra del 27 de abril de este año. En ellas, se hace referencia a la «ocupación masiva de personas, falta de condiciones mínimas de habitabilidad y preocupación ante la posibilidad de futuros incendios». «San Francisco es una bomba de relojería y no se puede esperar hasta que pase algo», apuntó.

Inspectores especiales

Basagoiti abogó por la creación de un cuerpo especial de inspectores y una «mayor intervención» de las administraciones que subvencionan los proyectos de las ONG. «No sólo deberían dar el dinero, sino preocuparse de que todo funciona correctamente», expresó en relación a un escrito del Gobierno vasco en el que se ponía de manifiesto el desconocimiento por parte del Ejecutivo de la existencia de la pensión incendiada.

Fuentes del Consistorio recordaron que «no pueden intervenir en este tipo de casos al tratarse de un conflicto entre vecinos que debería llevarse ante el juez». «Se trata de contratos privados y sólo podremos actuar cuando exista una ley en la que se establezca que por cada tantos metros cuadrados sólo pueden vivir determinadas personas», insistieron.