Mal de muchos dice el refrán que es consuelo de tontos. Sí, y además, epidemia. La retórica de bosque animado del nuevo Estatuto catalán, sus retorcidas construcciones sintácticas para que los vergonzantes puedan decir que la definición de 'realidad nacional' no es lo que parece, esa historia peliculera que narra el preámbulo en un abigarrado monólogo nacionalista para contarnos el abnegado sacrificio que ha exigido de Cataluña su pertenencia a esta España secularmente negra y, en fin, esa trama de enredo, imposible ya de dignificar como debate político, se extienden a modo de inspiración irresistible en todas direcciones.

Lo que iba a ser la ansiada expresión inalienable y específica de la singularidad de Cataluña se convierte de nuevo en plantilla para reescribir el modelo de Estado y en rasero para medir el poder territorial de las demás comunidades autónomas. Después del primer café para todos, los nacionalistas catalanes -entre los que se incluye el PSC- podían pensar que los demás -salvo el País Vasco- no pedirían una segunda taza. Ya está claro que no va a ser así y, aunque el proceso neo-estatutario en Cataluña haya resultado cualquier cosa menos ejemplar, el Gobierno y el Partido Socialista insisten en reproducir un modelo de revisión de estatutos que ha perdido cualquier referente de coherencia y consenso. La revisión del Estatuto de Andalucía, cuando la crisis política en Cataluña deja tan maltrecha la credibilidad y razón de ser de esta operación, muestra hasta qué punto de extravagancia pueden llegar las cosas en este camino errático, sin destino compartido.

La concertación entre el Partido Socialista e Izquierda Unida ha incluido en la propuesta de nuevo Estatuto la definición de 'realidad nacional' que hasta ahora resultaba el gran hallazgo del Estatuto catalán. Aparte de la política de ruptura y aislamiento del PP allí donde sea posible, los observadores más agudos han visto en este giro nacional-andalucista del PSOE una hábil estrategia para neutralizar el impacto negativo que esa definición reclamada en el proyecto catalán está teniendo en el resto de España.

Una estrategia casi tan hábil como la de 'cuentear' a Maragall y Carod, llevar a Mas a La Moncloa y pactar un Estatuto que ha acabado con el tripartito y hace muy difícil seguir afirmando sin sonrojarse que España estará más unida después de todo esto o que vamos a conseguir el encaje de Cataluña. Hay que suponer que los socialistas calculan que el Partido Popular sufrirá análogo fracaso al de UCD cuando este partido, en pleno esfuerzo de reconducción del proceso autonómico, se opuso a que Andalucía se equiparase en niveles competenciales a las autonomías entonces llamadas 'de primera'.

Olvidan los socialistas que si Marx tenía razón -y no seré yo quien se la conceda- ahora tocaría que la historia se repitiera pero como farsa.

Si se prescinde de ese riesgo, la esperanza de desactivar a la oposición por anti-andaluza durante los próximos veinte años explicaría que en el PSOE todavía crean que les compensa adentrarse en el terreno de las realidades nacionales inventadas, de alejarse del sentir mayoritario de un pueblo sin conflictos identitarios, de asumir gustoso -una vez más- la ruptura con el primer partido de la oposición que deja el nuevo Estatuto con tan precaria base de acuerdo.

Al generalizar las definiciones identitarias, la ambición competencial eternamente expansiva, la financiación a la carta y, en suma, todo aquello por lo que el PSOE ha reclamado el mérito en Cataluña, creen estar encontrando la solución cuando lo que están haciendo es extender el problema. Si el Estatuto catalán es la plasmación de una singularidad tan necesitada de reconocimiento, la generalización devalúa ese logro que se atribuyen y, ante un referéndum complicado como el que se avecina, priva de eficacia al argumento que, junto con la financiación, mayor capacidad de movilización podía tener entre la audiencia del tripartito y CiU. El tripartito hasta su ruptura ha sido la crónica de una decepción esperpéntica para los ilusionados por esa alternativa; la promesa de Rodríguez Zapatero de apoyar lo que saliera del Parlamento de Cataluña, un quiebro electoralista realizado en el convencimiento de que nunca tendría que responder de él; las realidades nacionales se han convertido en definiciones 'prêt-à-porter' al alcance de todos los bolsillos y ni siquiera la izquierda gubernamental puede dejar a salvo su buena conciencia con el discurso de la integración de ERC en el consenso estatutario.

Con todo, lo que mayor perplejidad produce es ver cómo la izquierda se suma a la conga identitaria en nombre de la igualdad. El presidente de la Junta de Andalucía ha dejado constancia de cómo teorizan los socialistas de aquella comunidad su reclamación de ser reconocidos como realidad nacional. Según Chaves y sus socios en el empeño, los andaluces tienen que ser reconocidos como realidad nacional para garantizar su igualdad frente a los demás.

Que la igualdad entre los españoles se haga depender de una definición identitaria y que ese discurso circule con semejante naturalidad después de casi treinta años de vigencia de la Constitución, es una aberración democrática porque relega la condición de la ciudadanía -común a todos- a una posición subalterna respecto a la pertenencia grupal que cada comunidad define. De modo que ser español y ciudadano atribuyen sólo derechos en borrador porque, en vez de ser sustantivos de la igualdad, se convierten en términos adjetivos de contenido menguante. La igualdad ya no es la condición de salida de que disfruta todo ciudadano sino el premio para los que más corran. Por eso, como dice Chaves, para que los andaluces tengan garantizada su igualdad con, digamos, los catalanes, tienen que ser realidad nacional.

Unos y otros son españoles y ciudadanos pero no es suficiente: Todo lo contrario. Lo que les hace iguales -según Chaves- no es lo que comparten sino el resultado de extremar su diferencia. Es exactamente la misma lógica de las relaciones entre Estados, que son iguales ante el derecho precisamente porque les separa la diferencia más extrema que cabe imaginar entre grupos humanos como es la de constituir organizaciones políticas cada una de ellas soberana en su ámbito territorial.

Es comprensible que en algunos sectores de la izquierda el poder no sea paliativo suficiente para la perplejidad que produce este deslizamiento hacia territorios tan angostos para la igualdad y la libertad que en ellos sólo prosperaban los nacionalistas. Pero esto es lo que hay, incluso en las mentes que siguen dictando la escolástica progresista.

Es simplemente una hipótesis, pero tal vez estemos empezando a presenciar las consecuencias de un proceso de revisión del Estado emprendido con múltiples intenciones pero ninguna de ellas la correcta. Compromisos adquiridos desde -literalmente- la irresponsabilidad, consensos rotos, expectativas frustradas y un marco constitucional cuyas previsiones en muchos casos han sido reducidas a simples referencias interpretativas, llevan a resultados tan poco edificantes como éstos.

Por cierto, ya que hablamos de cosas para las que no habría que emplear la revisión del modelo de Estado, viene a la memoria lo que el 5 de febrero declaraba en este periódico Artur Mas. Según el líder de CiU: «El pacto con Cataluña da credibilidad a Zapatero para afrontar el proceso de paz». ¿Qué quiso decir Mas y cómo habría que interpretarlo ahora?