En 1852 un farmacéutico barcelonés, Francisco Doménech, iluminó su botica con un método de su invención. Cincuenta años después, la electricidad ya se había extendido por todo el país. Hoy, nuestro bienestar y la competitividad de nuestras empresas dependen en buena parte de ella. Algunas de sus características han hecho que el sector se considere un monopolio natural: no se puede almacenar, su demanda registra grandes oscilaciones a lo largo del día y su desarrollo requiere cuantiosas inversiones. Estas peculiaridades explican el hecho de que la intervención estatal haya sido la norma hasta que, a medidos de los años 90, los vientos de la liberalización comenzaron a soplar en Europa. En 1997 se aprobó la Ley del Sector Eléctrico, cuyos objetivos eran introducir mecanismos de mercado en la determinación de los precios y fomentar la competencia en la generación y comercialización eléctrica.

Este modelo de competencia regulada ha contribuido a abaratar la factura de la electricidad. Pero parte del mérito hay que atribuirlo a decisiones administrativas, facilitadas por la caída de los tipos de interés y el aumento de la demanda. Y es aquí, en la coexistencia de un sistema regulado y de otro libre, donde radica el origen de las tensiones que sufre el sector. De hecho, la mayoría de los usuarios renuncia a contratar su consumo en el mercado libre y prefiere acogerse a una tarifa que para algunos de ellos está subvencionada. El resultado de esa forma de actuar ha sido que, desde el año 2000, los ingresos proporcionados por las tarifas no han sido suficientes para abonar los costes reconocidos en las mismas, lo que ha dado lugar a un déficit de tarifa que ha obligado a intervenir al Gobierno. De no hacerlo, se hubiera visto obligado a imponer aumentos del precio de la electricidad cercanos al 30%.

Una de las debilidades de la Ley del Sector Eléctrico radica en los continuos retoques -más de treinta- a los que sido sometida. Aún más, la fijación arbitraria de tarifas, las reformas metodológicas en el cálculo de los costes de transición a la competencia o los cambios en las retribuciones por garantía de potencia dejan entrever una falta de confianza del legislador en el modelo elegido. Esta inestabilidad, en la medida en que introduce nuevos riesgos, dificulta la planificación de las empresas y, consecuentemente, daña su proceso inversor. Y esto, en un sector muy endeudado, cuya tasa de rentabilidad en el negocio típico se sitúa por debajo del coste medio ponderado del capital, no deja de ser un serio problema. Tanto más por cuanto el país necesita fuertes inversiones para satisfacer con cierta seguridad -sin cortes en el suministro- los crecimientos esperados de la demanda y la ampliación geográfica de los mercados.

Esa inestabilidad del marco legal no es ajena, por otra parte, al conflicto existente entre la retórica oficial en favor de la competencia y una estructura de mercado sumamente concentrada. España es una isla eléctrica, sin apenas conexiones internacionales, y las dos principales compañías (Endesa e Iberdrola) controlan el 73% del mercado minorista. Además, aunque la regulación obliga a la separación de actividades, en la practica las empresas están integradas verticalmente, actuando como una unidad de decisión. Todo ello les dota de poder de mercado; es decir, de capacidad para alterar los precios liberalizados en función de sus intereses. Esa estructura no ha sido corregida porque el Gobierno aspira a crear 'campeones nacionales'. Al igual que otros países de la Unión, desea contar con al menos una empresa con posibilidades de intervenir en el futuro mercado interior de la energía.

Hasta fechas recientes los intentos de constituir ese 'campeón nacional' se veían frustrados por las reticencias del PP. La actitud más receptiva del PSOE despejó el camino a la OPA hostil que Gas Natural lanzó sobre Endesa el pasado mes de septiembre. La OPA pronto se politizó hasta degenerar en un verdadero 'culebrón', en el que se han visto envueltos cajas de ahorros, tribunales y reguladores. Para complicar aún más las cosas, en febrero la alemana E.on hizo una contraoferta que mejoraba sensiblemente la de Gas Natural. El intento de bloquearla por parte del Gobierno ha provocado el rechazo de Bruselas, dejando en una posición desairada a las compañías españolas con vocación europea. Lo que sí ha quedado claro, una vez más, es el contraste existente entre el optimismo antropológico de los inversores en Bolsa y la cautela de las agencias de calificación, que han puesto bajo vigilancia las de las empresas implicadas.

El laberinto judicial en que ha desembocado este embrollo ha pospuesto las urgentes reformas que requiere el sector. Está en curso la transposición de las directivas comunitarias, pero falta por concretar el bloque de reformas recogido en el Libro Blanco publicado el pasado junio. Unas reformas basadas en el principio de que, en unos mercados competitivos, el precio de la electricidad debe ser reflejo de su coste. Sería conveniente que todo se hiciese en un clima de consenso, a fin de evitar que la inestabilidad del marco legal sea un freno para las inversiones. También sería deseable que la CNE se convirtiese en el regulador independiente que, con mano de hierro, lidere el proceso. Un primer test lo tendremos en breve, cuando emita el dictamen sobre la oferta de E.on. Quizá sea el momento de hacer de la necesidad virtud, olvidarse de los pequeños nacionalismos, y dar voz a los, hasta ahora, menospreciados accionistas.