Los principales responsables de Fórum Filatélico parecían tener poca confianza en la viabilidad de su propia empresa. Al menos, así se desprende de sus propias declaraciones ante el juez y de algunos indicios probatorios, entre ellos documentos incautados a la propia compañía filatélica incorporados a la causa. El instructor Fernando Grande-Marlaska destaca en su auto que la mayoría de los imputados son clientes de la sociedad, pero ninguno de ellos tiene invertido en sus sellos una cantidad que fuera superior a los 30.000 euros -de tres a cuatro veces menos que muchos clientes-, según han reconocido ellos mismos.

Ese dato contrasta con el hecho de que a algunos les hayan sido descubiertas sociedades patrimoniales con las que incluso facturaban parte de las retribuciones que recibían de Fórum Filatélico, sobre todo las comisiones, y a través de las cuales gestionan bienes de un valor importante. Así ocurre, por ejemplo, con el consejero Miguel Ángel Hijón, quien reconoce disponer cinco casas: tres en Madrid o sus alrededores y otras dos en Málaga.

Limitar el crecimiento

Pero no es este el único elemento de desconfianza aparente en la firma que dirigían. El juez encargado de la causa afirma que en los últimos años, «y aún cuando el crecimiento del negocio en 2001 fue de más del 21%, posteriormente se establecieron bases para que no representara más del 5% anual».

La explicación a esa auto- limitación en el crecimiento de la compañía es que sus responsables «necesitaban liquidez concreta para respaldar las obligaciones a corto plazo», tarea que se dificultaría ante «un descontrol en la inversión y un incremento de los deberes a hacer frente en el mismo corto plazo».

Se trataba, así, de elaborar un plan para reducir su actividad de negocio ante el aparente temor de que se les fuera de las manos. Además, la Audiencia Nacional ha aprehendido documentos de Fórum Filatélico donde se reconoce que su actividad podría calificarse de financiera, lo que niega la empresa en su versión oficial en contra de lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, porque en ese caso su situación económica sería de quiebra.