El proyecto de la llamada Ley de Dependencia ha encontrado los primeros obstáculos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los socios nacionalistas del tripartito, empujados, sin duda, por las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa, así como por la dirección de Eudel, han decidido prescindir de los acuerdos ya alcanzados entre el consejero Madrazo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y reafirmar la postura común de su Gobierno, que considera el citado proyecto lesivo para nuestras competencias estatutarias y poco respetuoso con nuestras peculiaridades financieras.

Resulta indudable que el proyecto incide, de manera, por así decirlo, sobrevenida, en materias que, como la de la 'asistencia social', son declaradas exclusivas de la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Gernika. Así, la creación ex novo de un Sistema Nacional de Dependencia, que constituye el objeto nuclear de la futura ley, viene a interferir de lleno con los sistemas o subsistemas de servicios sociales que las instituciones comunes y forales tenían ya implantados en Euskadi en el legítimo ejercicio de su competencia. A esto se añaden las dificultades que a toda iniciativa basada en la cooperación interterritorial se le plantean en nuestro país por mor de las especificidades financieras del sistema concertado.

Con el fin de salvar el escollo competencial, el proyecto de ley apela a la competencia exclusiva que, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, ostenta el Estado para regular «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos ...constitucionales». Es más que probable que, en caso de controversia, el Tribunal Constitucional acepte tal disposición como título suficiente para el ejercicio de la competencia en cuestión por parte del Estado, siguiendo su práctica habitual de interpretar expansivamente a favor de este último otras disposiciones constitucionales de similar genericidad.

Se impone, en consecuencia, un especial esfuerzo de negociación entre las instituciones centrales y las autonómicas para que esta iniciativa legal, de enorme trascendencia social, salga adelante con el mayor consenso posible. Pero, para que tal negociación tenga éxito, será imprescindible que las instituciones vascas aclaren, primero, sus respectivas posturas y superen, después, los profundos desacuerdos que en su propio interior están poniéndose de manifiesto. Porque, a día de hoy, los argumentos que esgrimen son confusos y las posiciones que defienden no son compartidas.