Los incidentes registrados esta semana en el Congreso, donde se produjo la primera expulsión de un diputado, el popular Vicente Martínez Pujalte, y en la Asamblea de Madrid, con los parlamentarios del PP 'esposados' en protesta por el llamado 'caso Bono', son tan desafortunados como reprobables y en absoluto achacables a un exceso de vehemencia que es inevitable y aun estimulante en cualquier foro democrático. Lo verdaderamente lamentable de estos sucesos es que además de ser estériles y demostrar una carencia total de respeto de sus protagonistas para con la institución en la que desarrollan su trabajo, ocupan el lugar de los argumentos constructivos que los ciudadanos exigen que usen en la defensa de sus intereses.

No se trata de rebajar el tono de los debates, ni de forzar una simulación inverosímil y pueril de buenos modales, ni mucho menos de recargar un reglamento que ya es demasiado rígido para tener tasados todos los incidentes; de lo que se trata es de que los grandes líderes infundan en sus seguidores con toda solemnidad la convicción de que la tarea parlamentaria es 'sagrada' y ha de ejercerse mediante una constante servidumbre al interés público, a los principios políticos y al sentido democrático. Si así se hiciera, si los partidos reprobaran a sus parlamentarios 'díscolos' -aunque fuera internamente- este tipo de conductas en lugar de reír lo que sólo son absurdas bufonadas, le ahorrarían al conjunto de la sociedad el espectáculo de una falta de ingenio que no contribuye precisamente a que la clase política se gane el respeto que debe acompañar a la función pública.