Gobierno y PP mantuvieron ayer su pulso sobre las consecuencias del 'caso Bono' y la sentencia contra tres agentes de Policía por la detención «ilegal» de dos militantes populares tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó al partido de Mariano Rajoy de practicar el «cinismo político» y el «antagonismo civil», así como de «desprestigiar las bases políticas del edificio democrático» con actuaciones como la bronca que el pasado jueves supuso la expulsión del dirigente del PP Vicente Martínez Pujalte del Congreso.

«Es lamentable que tengamos que asistir a espectáculos bochornosos como el de anteayer -por el jueves- de un PP vocinglero», subrayó De la Vega en Sevilla. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba prosiguió en esta misma línea desde León al censurar la política de «chillidos y pataleo» del principal partido de la oposición, a cuyos responsables advirtió de que «no encontrarán en la crispación» ni al PSOE ni al actual Gobierno. Para Rubalcaba, el PP «derrapa en todas las curvas» y demuestra con su actitud «las dos formas de ser y gobernar» que encarnan populares y socialistas.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, cargó a su vez contra el PSOE y contra el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Según declaró en Zaragoza, a los socialistas «les ha entrado un miedo enorme a que se descubra quién es la 'x' del Gobierno que dio la orden de detener» a los dos militantes populares. Además de considerar que actuaciones policiales como las de enero de 2005 «sólo ocurren en la Cuba de Fidel Castro», Acebes aseguró que todos los detalles del 'caso Bono' quedarán aclarados en una comisión de investigación «o en cuantos plenos del Congreso hagan falta».