La gestión de Francisco José Alcaraz al frente de la AVT ha estado marcada por la oposición a una negociación con ETA y por sus desavenencias con el Alto Comisionado para las víctimas.

Nació en Torredonjimeno (Jaén) el 1 de noviembre de 1968, donde trabajó como peluquero y posteriormente abrió centros de tratamiento capilar en Jaén, Málaga y Córdoba. Un coche bomba mató a un hermano y a dos sobrinas el 11 de diciembre de 1987 en la casa cuartel de Zaragoza, hecho que marcó su vida y le llevó a fundar en 2000, en Jaén, la Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, presidida por su esposa Carmen Álvarez.

Desde su nombramiento como presidente de la AVT el 12 de junio de 2004, la asociación ha convocado tres manifestaciones multitudinarias en Madrid para exigir que el Gobierno «no negocie con ETA» y para pedir «memoria, dignidad y justicia con las víctimas».

La primera de estas manifestaciones, el 22 de enero de 2005, fue el escenario de incidentes entre manifestantes y el entonces ministro José Bono, que desembocó en la detención de dos militantes del PP y en la posterior condena a los policías que practicaron esos arrestos por detención ilegal. Tras la última manifestación, el 25 de febrero, Alcaraz leyó un manifiesto en el que advirtió de que a los etarras «no se les puede premiar porque lleven mil días sin matar».

Su trayectoria al frente de la AVT también ha estado marcada por sus divergencias con Gregorio Peces-Barba, Alto Comisionado para la atención a las víctimas, a quien Alcaraz ha acusado de «partidista» y de ser «un comisario político a sueldo del Gobierno». De hecho, ha pedido en varias ocasiones su dimisión, ya que, a su juicio, «no cuenta con el apoyo de la mayoría de las víctimas». Por su parte, Peces-Barba sostiene que el presidente de la AVT fomenta la división entre las víctimas con sus «comportamientos sectarios». Además, ha puesto en cuestión que esta asociación sea la mayoritaria entre las que se dedican al apoyo a los afectados por el terrorismo.

Tras el alto el fuego, Alcaraz insistió en su rechazo ante una posible negociación entre el Gobierno y la banda, ya que, en su opinión, supondría una equiparación entre «asesinos y asesinados» que «dejaría sin sentido centenares de muertes». En este sentido, reprochó lo que considera «el acoso y derribo» que su organización ha sufrido en los últimos meses por parte del Ejecutivo, desde que mostraron su oposición a un futuro proceso de diálogo.